Proceso por muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía, toma inesperado giro. Esta es la petición que hará la Fiscalía

Cada semana que pasa son más las dudas que las respuestas sobre los hechos que rodearon la muerte de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del exinspector de la Policía Nacional, general (r) William Oswaldo Rincón Zambrano, registrada el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Pocos días después de conocerse la versión del general en retiro, quien advirtió la falta de avances de la investigación, este jueves se conoció que el ente investigador solicitará precluir la investigación a Andrés Camilo Sotelo Torres, el único vinculado hasta la fecha por estos hechos.

El centro de servicios judiciales del complejo judicial de Paloquemao fijó para el próximo jueves 10 de abril, a partir de las 2 de la tarde, la audiencia en la cual el fiscal del caso le pedirá a un juez de conocimiento de Bogotá archivar este caso a favor de Sotelo.

La testigo que no aparece

El pasado 28 de enero, la principal testigo de este caso, una menor de edad, quien acompañó en sus últimas horas de vida a Juan Felipe, desapareció sin dejar rastro alguno. Esto después de manifestar su interés de colaborar con la investigación y aportar indicios sobre una presunta extorsión que estaría sufriendo el hijo del general Rincón.

Sin embargo, la menor dejó en claro que era necesario que se le brindara tanto protección a ella como a su núcleo familiar por las amenazas e intimidaciones que podría recibir de las personas que están detrás de estas acciones ilegales.

“(…) La persona que se contactó con el suscrito le envío a un investigador de la representación de víctimas un video grabado por la menor S.V.B. en el que indica que Juan Fernando Rincón Morales había sido víctima de un supuesto plan para extorsionarlo, que ella había sido instrumentalizada para ello”, precisa uno de los apartes del oficio enviado por el abogado de la familia, el penalista Juan Felipe Criollo.

La menor, que se encontraba bajo protección en un hogar del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), aseveró que estaba dispuesta a contar “quiénes habían sido los partícipes de dicho plan y la forma en que se ejecutó el mismo”.

La investigación arrojó que esta misma menor fue la que convenció a Juan Felipe de llevarla hasta el barrio Quiroga, donde ya vivía, en la tarde del 24 de noviembre de 2024. Cuando estaba con ella, y supuestamente después de conocer a su familia, el joven fue agredido con todo tipo de elementos por parte de un grupo de personas que estaban en la zona.

En medio de los confusos hechos, el escolta del joven llegó a la escena y, tras pedir que dejaran los golpes, desenfundó su arma de fuego, situación que acrecentó el caos. Hasta la fecha no es claro quién realizó el disparo que cegó la vida de Juan Felipe.

La defensa del general en retiro ha cuestionado los constantes cambios de fiscal, situación que ha afectado considerablemente la “recolección de pruebas” y la revisión de otras teorías del caso, dirigidas a establecer qué fue lo que ocurrió realmente entre los días 22 y 24 de noviembre con Juan Felipe y la joven que lo llevó a ese barrio.

“El centro de menores indicó que del 27 de enero se perdió el paradero de la menor, ya que esta salió de las instalaciones a una cita médica, durante el transcurso, se escapó”, citó el defensor de los familiares de Juan Felipe Rincón.

Debido a esta delicada situación, SEMANA conoció que la defensa al hijo general le envió una carta directamente a Silvano Gómez, viceprocurador general de la nación, con el fin que realice una vigilancia especial de desarrollo penal.

Esto al advertir que pese a las solicitudes, el fiscal que recibió el caso no ha hecho las respectivas revisiones frente a otras líneas de investigación.

“La investigación ha presentado una serie de inconvenientes, ya que despacho encargado ha permanecido una cantidad de tiempo considerable sin fiscal, y los fiscales que han estado en cabeza del mismo han omitido realizar diversas actuaciones como la compulsa a una fiscalía especializada para investigar derechos evidenciados o, lo más mínimo que se esperaba, que era citar a las víctimas a las diligencias adelantadas ante el juez de control de garantías”, pide la defensa.

Le piden a la Procuraduría General que designe a un delegado lo más pronto posible para que “se logren adelantar los actos investigativos necesarios con el fin de arribar a la verdad, practicar la entrevista a la menor S.V.B. y también brindar efectivamente las medidas de protección que garanticen los derechos y el interés superior de la menor consagrado constitucional e internacionalmente”.