“No puede haber una tercera emergencia económica”

Luis Carlos Vélez: La Procuraduría ha suspendido hasta ahora a un gobernador y a algunos alcaldes por actos de corrupción relacionados con la pandemia. ¿Vienen más decisiones?

Fernando Carrillo: Sí. Hasta el día de hoy, hemos suspendido un gobernador, ocho alcaldes, y hemos llamado a juicio disciplinario a otro par de gobernadores y más alcaldes. También iniciamos más de 25 investigaciones disciplinarias, y tenemos en indagación procesos en 26 departamentos y más de 270 alcaldías. Estamos surtiendo las etapas procesales porque estamos dando todas las garantías a quienes están siendo investigados, y en las próximas semanas vienen más decisiones.

L.C.V.: ¿Cómo funciona la corrupción en esos contratos?

F.C.: Nosotros hemos querido no solamente llamar a juicio disciplinario e iniciar procesos penales y fiscales, sino hacer pedagogía. Por eso trabajamos también de manera preventiva con la Fiscalía y la Contraloría. Son cinco tipologías de lo que no deben hacer gobernadores y alcaldes: saldar deudas de campaña, pagar favores políticos, sobrecostos, entregar la contratación a empresas no idóneas y no hacer públicos los contratos.

L.C.V.: ¿Cuál es la lectura de la Procuraduría frente a los decretos de emergencia económica?

F.C.: Ninguna constitución en el mundo previó que la excepcionalidad se fuera a convertir en normalidad. En Colombia nunca se pensó que una peste, que era como una plaga medieval, se volvería ordinaria y se combatiría acudiendo a facultades de emergencia. Las facultades del Ejecutivo hoy deben someterse a todos los controles. No puede haber una tercera emergencia porque otra emergencia es constitucionalmente imposible. Lo importante, en adelante, será la construcción de la capacidad institucional para responder a las reformas sociales que necesita el país.

L.C.V.: ¿Me está diciendo que hubo exageración en el confinamiento?

F.C.: No, pero esa es la discusión en el mundo en este momento. Lo cierto es que hay determinados derechos de los ciudadanos que solo pueden ser restringidos dentro de un límite. Es evidente que la gente no podrá quedar confinada indefinidamente. La gran pregunta es cómo seguiremos administrando la crisis social, la crisis humanitaria y de hambre que viene de aquí en adelante, y ahí necesitamos otros parámetros de reforma social distintos de los que nos han regido durante las últimas décadas. El Plan de Desarrollo, por ejemplo, habría que reformularlo en función de las nuevas prioridades pospandemia.

L.C.V.: Cambiemos de tema. La Procuraduría fue la que hizo el operativo en el batallón de Faca en diciembre. Ustedes tienen toda la información de las carpetas secretas reveladas por esta revista. ¿Qué más debemos saber?

F.C.: Se trata de varias investigaciones independientes. En el caso del Batallón de Ciberinteligencia, fuimos policía judicial por solicitud expresa de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, pero no se podía utilizar ese material disciplinariamente hasta que la corte lo entregara de manera oficial. Era indispensable que la corte nos permitiera examinarlo y valorarlo disciplinariamente. Eso lo hicimos la semana pasada, y no nos tembló la mano para llamar a juicio disciplinario a 11 oficiales del Ejército: dos generales, cinco coroneles y tres mayores, en una sola operación. Próximamente, llamaremos a más oficiales, porque en la información que se recogió hay nuevas pruebas de esas interceptaciones y perfilamientos. Hay que impedir que esto vuelva a ocurrir.

L.C.V.: De los perfilamientos, hasta ahora se conoce información pública y en perfiles de Facebook. ¿Hay chuzadas de verdad?

F.C.: Eso es lo que se está investigando, pero sí hay una distorsión de la función de inteligencia, por un lado, y de contrainteligencia, por otro lado. Eso llevó a que se cobijara con órdenes supuestas actividades que no estaban cubiertas por la legalidad. Realmente, hubo actividades ilegales, y eso fue lo que nos llevó al juicio de carácter disciplinario contra estos 11 oficiales.

L.C.V.: Usted habla de distorsión. ¿Eso es un delito?

F.C.: La Fiscalía es la que se encargará de valorar si eso tiene incidencia penal. Nosotros estamos simplemente en la valoración de la incidencia disciplinaria. Aquí hay mucha información y, por supuesto, esto puede ser la punta del iceberg. Ya comienza el juicio disciplinario, en el que habrá descargos de quienes son objeto de investigación. Pero al final habrá sanciones y esperamos que salga a relucir la verdad. Lo importante es la convicción absoluta que debe tener cualquier miembro de la fuerza pública de que ellos están sometidos al poder civil. Es de una dictadura actuar por fuera del mandato de la constitución y la ley, violentando derechos ciudadanos.

L.C.V.: Se habla de que estos perfilamientos fueron realizados con elementos dados o comprados con el dinero de Estados Unidos. ¿Es así?

F.C.: Eso no lo tenemos claro en el marco de la investigación.

L.C.V.: ¿En qué fecha exacta la Procuraduría envió a la magistrada Lombana la información sobre el procedimiento en ese batallón?

F.C.: Las diligencias de policía judicial se iniciaron en época navideña. El 18 de diciembre se hizo la primera diligencia. Luego, en enero se inició la extracción y procesamiento de toda la información que había en los discos duros y memorias, lo cual era una labor bastante difícil. Respetamos integralmente nuestra tarea, que era de colaboración como auxiliares de la justicia. De enero a mayo se terminó de enviar todo el material e iniciamos procedimiento para llamar a juicio disciplinario.

L.C.V.: Eso quiere decir que la magistrada no engavetó la investigación…

F.C.: No hubo engavetamiento. Cada magistrado maneja en sus tiempos la investigación. Hay una información de la Dijín –la otra entidad que hizo las veces de policía judicial– que la corte todavía está esperando, ya de cara al impedimento que ha manifestado la magistrada Cristina Lombana.

L.C.V.: ¿Cuál es su lectura de este caso? ¿Es muy grave? ¿Hay guerra interna? ¿Se está inflando? ¿Qué hay realmente?

F.C.: Como juez disciplinario hay que fallar e impartir justicia sobre lo que hay. Lo que está claro es que aquí había un patrón de conducta que llegó a las altas esferas de la inteligencia del Ejército de Colombia. Lo que hemos hecho ha sido solicitarle al ministro de Defensa una medida cautelar para que este tipo de situaciones sean irrepetibles.

L.C.V.: Sobre la Operación Bastón, ¿cómo se filtró información de una operación de contrainteligencia?

F.C.: Eso no lo tenemos claro. Teníamos una investigación original sobre un par de generales y después resultó que ellos terminaron implicados en la Operación Bastón. Vinimos a saber de esa operación después, pero eso coincidió con las denuncias que ya obraban en la Procuraduría, y, por eso, insisto en que habrá llamamiento a juicio disciplinario en los próximos días.

L.C.V.: ¿A generales?

F.C.: En un caso particular, así es.

L.C.V.: También está el caso de la Policía. ¿En qué va la investigación al general Atehortúa?

F.C.: La audiencia disciplinaria comenzó esta semana y se le otorgarán todas las garantías al general. Allí hay un material probatorio que tiene que ser sometido a consideración de quien está siendo investigado. Esperamos que haya justicia disciplinaria rápida con todas las garantías procesales.

L.C.V.: Hablemos de otro chicharrón. ¿El contrato para posicionamiento de imagen de la Presidencia realmente fue un escándalo?

F.C.: Se trata de analizar cuáles son las prioridades del presupuesto y los recursos públicos. Hay que hacer compatibles las necesidades de la sociedad colombiana hoy con los pocos recursos disponibles para satisfacer esas necesidades. Lo que hay que establecer es si se dio esa conexidad en el caso particular de unos recursos de un fondo que era para la paz. El Gobierno nos dio unas explicaciones que para nosotros no fueron totalmente satisfactorias. En este caso, la investigación se trata del origen de los fondos y el objeto del contrato.

L.C.V.: ¿Habrá sanciones en Presidencia por ese contrato?

F.C.: Hasta ahora abrimos la investigación.

L.C.V.: Hablemos de la JEP. Usted no ha estado de acuerdo con la aceptación en la JEP de Musa Besaile o Salvador Arana…

F.C.: Hay casos que tienen que mantenerse en la justicia ordinaria. Vamos a esperar qué decide la Corte Constitucional, pero sí me parece que la JEP tuvo unos condicionamientos dentro de los cuales fue diseñada y que cualquier desbordamiento de esas competencias originales lo único que hace es desnaturalizarla. Seguiremos atentos para que se respeten esos cauces que se fijaron y la JEP no termine deslegitimada.

L.C.V.: Su periodo termina en enero del próximo año. ¿Qué hará después?

F.C.: Tenía una oferta para estar en la universidad, en la que tengo una maestría en leyes y otra en administración pública. Por la crisis mundial esto seguramente no se dará. Tengo un gran compromiso aquí para seguir opinando sobre los temas públicos. Eso jamás implica política electoral. He sido profesor desde los 21 años; luego creo que hay que explorar otros horizontes y pensar en contribuir con soluciones, porque lo que viene para Colombia es bastante complicado. El país requiere un gran acuerdo nacional, lejos de la polarización, que nos lleve a un nuevo pacto social para enfrentar unidos lo que viene.

L.C.V.: ¿Esa es una respuesta larga para decirme que tal vez sí va a lanzarse a la presidencia?

F.C.: No. Ese tipo de aspiraciones individuales en este momento no son de buen recibo. Las condiciones cambiaron radicalmente y hay que pensar como sociedad cómo vamos a salir de todo esto. Acompañar al Gobierno en las cosas buenas que está haciendo, y defender los derechos de los ciudadanos de cualquier intento populista o autoritario.