Procurador quiere reactivar la muerte política

El Senador Carlos Enrique Soto tenía en el cargo de asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo al hijo de su compañera permanente, un joven de 24 años al que nadie recuerda en el Congreso e hizo viajes al exterior, sin licencia de trabajo y sin dejar de devengar, mientras cursaba dos carreras presenciales. La Red de Veedurías documentó las irregularidades y accionó el procedimiento expedito de solicitud de pérdida de investidura contra el legislador. Pero hace más de un año que interpuso la demanda en el Consejo de Estado y este no la ha resuelto, aunque el universitario ya reconoció lo señalado.

Aún más añejas son las demandas formuladas en 2014 contra los parlamentarios Manuel Antonio Carebilla y Holger Horacio Díaz, representantes a la Cámara por Amazonas y Santander, respectivamente. En el Consejo de Estado hay 13 procesos contra congresistas por pérdida de investidura. El año pasado, de 16 demandas, solo un congresista resultó sancionado. Perder la investidura significa que el afectado no puede volver a ocupar un cargo público, por lo que llaman a esa sanción la muerte política. Regina Betancourt, Édgar Perea, Carlos Oviedo, Iván Díaz Mateus y Luis Alfonso Hoyos son algunos de los más conocidos dirigentes que salieron de circulación por ese medio.

Pero ese instrumento, que junto a la tutela fue una joya de la Constitución del 91, ha perdido presencia en el país. Inicialmente un proceso de pérdida de investidura tomaba apenas seis meses, tal como lo estipula la norma que regula su procedimiento, pero ahora sus tiempos se cuentan por años. En la primera década de su vigencia el Consejo resolvió rápidamente alrededor de 30 demandas por año. Y mientras en los primeros 20 años el promedio anual de congresistas descabezados fue de 2,7, en el último lustro es de 1,6. ¿Por qué perdió filo esa guillotina política?

Hay varias respuestas. Algunos creen que los congresistas han “perfeccionado” sus actos irregulares por lo que ahora es más difícil demostrarles haber incurrido en ellos. Además los parlamentarios interponen una cascada de recursos para ganar tiempo. Algunos miembros del Consejo consideran que el tribunal ha caído en la ineficiencia al perder de vista la esencia del instrumento, su agilidad. Y que el tiempo avanza en detrimento del Estado, pues los congresistas sancionados votan y hacen de las suyas en el Capitolio hasta el último momento. Otros magistrados señalan que en la sala plena, la competente para estos casos, las discusiones se extienden porque un sector considera que para imponer una sanción tan severa es necesario demostrar no solo la irregularidad concreta, sino que hubo plena intención, es decir, dolo.

El nuevo presidente del tribunal, el magistrado Jorge Octavio Ramírez, le explicó a SEMANA que se viene implementando un plan de descongestión, que cada proceso es distinto y que también muchos fallos no decretan pérdida de investidura, pero demandan igual trabajo de la corporación. Otros juristas, como el mismo procurador general, Fernando Carrillo, consideran que el instrumento ha caído en desuso justamente porque es tan efectivo y ejemplarizante. Y que en momentos en que la corrupción apabulla al país, dice el procurador, “hay que sacarlo del cuarto de san Alejo”.