El cerco del procurador al petrismo

Ocurrió exactamente hace un año. El procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez anunció que destituía e inhabilitaba por 15 años al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Su decisión produjo un terremoto político que sumió a Bogotá y a buena parte del país en una incertidumbre absoluta.

Se esperaba que en cuestión de horas el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pusiera su firma para acabar la carrera política del exguerrillero del M-19 y brillante senador de izquierda.

Sin embargo, pasaron los días, las semanas, los meses y se cumplió año entre notificaciones, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), medidas cautelares, jueces de todos los niveles, ríos de tinta de los columnistas, millones de palabras de opinadores radiales, Consejo de Estado, tribunales de aquí y de allá, toma del balcón del Palacio Liévano, una lluvia de tutelas y un largo etcétera.

Lo cierto es que un año después, Petro sigue en su cargo. El malestar contra su gestión es evidente, en la mayoría de encuestas tiene bajos niveles de aceptación y muchos hablan de un valioso tiempo perdido. Sin embargo, parece que Ordóñez no se ha quedado quieto y ha “empapelado” a la mayoría de su 'guardia pretoriana'. Así las cosas, el núcleo duro del petrismo tiene al Ministerio Público con la mirada más vigilante que nunca. Se calcula que hay por lo menos 12 investigaciones en curso.

El subsecretario de asuntos locales José Cuesta y quien lideró la campaña ‘Petro no se va’ asegura que con la decisión del procurador “se generó un síndrome de temor enorme entre los funcionarios que los llevó a la parálisis para tomar decisiones”. Un año después y a pesar del revés, la Procuraduría no bajó la guardia y mantiene investigaciones en contra de funcionarios del Distrito y la lista es amplia.  

Al finalizar noviembre, se abrió indagación preliminar a la secretaria de Ambiente, Susana Muhamad. La entidad quiere saber qué control ambiental se adelantó para prevenir el incendio de 600.000 llantas usadas en Fontibón.

Un contrato de 10.000 millones de pesos le costó la inhabilidad por 15 años a la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial del distrito (UMV), María Gilma Gómez Sánchez. La Procuraduría encontró que el Distrito asumió el pago de salarios y prestaciones por el incumplimiento de un privado. Para el ente esto es ilegal, “tal obligación le correspondía al contratista”.

Para esa fecha el ente liderado por Ordóñez también citó a audiencia pública a la subsecretaria de Servicios de Movilidad de la Secretaría de Movilidad, Luz Ángela Martínez Bravo, quien habría presionado para que los agentes de Policía aumentaran el número diario de comparendos en Bogotá.

En mayo del 2014, la Procuraduría instauró una acción popular contra el alcalde; el entonces secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez, y contratistas. El tema esta vez fue por revivir un contrato para modernizar los viejos semáforos de Bogotá.

En un anaquel reposa una queja disciplinaria en la que se pide investigar a Petro y otros funcionarios por las declaraciones que hizo el mandatario en contra de concejales que se opusieron a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Los concejales aseguraron que hubo “intimidación” y “desprestigio”.
 
Al listado se suma la investigación que se adelanta contra el exgerente de canal capital Hollman Morris, el exsecretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo la cual se archivó. En el pasado también se recuerda la sanción al Guillermo Asprilla quien fue destituido e inhabilitado.