Los 18 interrogantes de la Procuraduría ante préstamo del Gobierno a Avianca

En una extensa carta dirigida al presidente Iván Duque, el procurador general Fernando Carrillo Flórez expuso una serie de interrogantes sobre el financiamiento de un préstamo de hasta 370 millones de dólares por 18 meses, anunciado por el Gobierno nacional a la aerolínea Avianca en medio de la crisis financiera que tiene a la aerolínea en reestructuración, a través de la ley de bancarrota de Estados Unidos.

La decisión de lanzarle un salvavidas a Avianca fue anunciada por el Ministerio de Hacienda el sábado, con el argumento de que, no solo se trata de salvar una empresa, sino el transporte aéreo que es clave para la reactivación de la economía.

Este lunes, el jefe del Ministerio Público pidió que se le explique a los colombianos las acciones que se piensan desplegar para evitar los riesgos que trae una inversión de “la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.

“El Ministerio Público considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario o accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional".

La carta agrega que "la Procuraduría General de la Nación cree que el Gobierno nacional debe responder de cara a la ciudadanía todos estos interrogantes, antes de continuar con esta operación y realizar desembolsos de dineros en el proceso de reorganización de Avianca Holdings”.

A su vez, Carrillo recordó que, si bien Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, es necesario tenener en cuenta que "emprender esta maniobra de rescate sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de la actividad de Avianca puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado”.

 También, subrayó sobre el hecho de que, en medio de la difícil situación sanitaria por la covid-19, "la decisión del Gobierno, de adelantar un plan de salvamento para Avianca, debe estar encaminada exclusivamente al interés nacional de evitar trastornos en la prestación del servicio aéreo, asegurando su continuidad y la seguridad de los usuarios".

Entre los interrogantes

Dentro de los múltiples interrogantes que se plantea la Procuraduría se destacan algunos como: "¿Cuenta el Gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el Gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó?".

Otro de los temas en los que enfatizó el Ministerio Público fue el que se refiere al origen de los recursos, especialmente porque vienen del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), que en el decreto 444 de 2020 establece que cuando se van a invertir dineros en “instrumentos de capital y/o deuda”, se deben evaluar de manera conjunta y en contexto de las necesidades sociales y económicas ocasionadas por la emergencia de la covid-19. “Dicha evaluación debería divulgarse por la magnitud de los dineros públicos que se están utilizando”, dice la carta.

“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente y se convertirá posiblemente en la primera de varias operaciones similares, consumiendo recursos escasos que el tejido empresarial del país podría haber aprovechado con mayor probabilidad para salvar puestos de trabajo y crear capacidad de generación de ingresos, en ese o en otro sector de interés general", menciona la misiva.