Procurador, preocupado por propietarios afectados con restitución

Ante el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, fueron tramitadas varias quejas por parte de personas que poseen tierras en algunos municipios del Magdalena y que se han visto sorprendidas por demandas de víctimas de la violencia que reclaman los predios que ellos adquirieron de manera legal.

Por eso, el jefe del Ministerio Público escuchará este martes a estas personas, que dicen haber adquirido tierras sin nada que esconder y nada sobre lo que se deban avergonzat para ahora tener que enfrentar el riesgo de perderlas con el proceso de restitución de tierras.

Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, personas que han vivido el drama del desplazamiento forzado han sido asistidos por el Gobierno, para lograr, en pocos meses, recuperar los terrenos de los que fueron despojados hace varios años por culpa del conflicto armado.

Sin embargo, la recuperación de esos predios también afecta a otras personas que, inocentemente, las adquirieron de manos de personas que se aprovecharon de la buena fe de los adquirientes, para convertir en dinero contante y sonante bienes que fueron arrebatados a sangre fuego a sus propietarios originales.

A una situación parecida se enfrentan algunos poseedores de tierras en Sabanas de San Ángel (Magdalena). De ahí que la comunidad exigiera con urgencia la presencia del Ministerio Público, para evitar que los terrenos por los que lucharon por años se pierdan por cuenta de sus propia ingenuidad.

La necesidad de atender calamidades de este tipo llevó al procurador Alejandro Ordóñez a convocar a los pobladores a una reunión que se desarrollará este martes en el coliseo municipal, con la presencia de representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Superintendencia de Notariado y Registro y de jueces especializados en Restitución de Tierras de Santa Marta.

La preocupación de la Procuraduría por defender los derechos de los poseedores de estas tierras parace evidente. Sin embargo, cabe aclarar que la propia Ley de Víctimas contiene herramientas para proteger a personas pobres que adquieren esos bienes sin saber cuál fue su verdadera procedencia.

Así las cosas, en los procesos de restitución en los que se logra probar que las tierras fueron adquiridas de bena fe, el Estado también está obligado a restituir a esas personas, mediante la reparación en dinero o en especie de los bienes de adquirieron de manos de avivatos que se aprovechaban de su situación de necesidad.

Si lo que se prueba es que los poseedores compraron los terrenos aprovechando que sus dueños originales habían sido desplazados, por supuesto, no hay reparación para ellos.