Caso Santrich: Procurador se alinea con el fiscal en pelea con la JEP

Al pulso que existía entre la Fiscalía y la JEP acaba de entrar otro jugador: la Procuraduría. La entidad que dirige Fernando Carrillo se pronunció este jueves en la mañana sobre ese debate. Para el Ministerio Público, la JEP se está excediendo en sus competencias pues "las pruebas que solicita deben estar dirigidas a verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se hayan cometido antes de la firma de los Acuerdos de Paz".

En un recurso de reposición que se presentó ante la Sala de Revisión del Tribunal para la Paz, el Ministerio Público aseguró que el Tribunal de Paz sí puede pedir pruebas, pero solo para verificar que los hechos por los que Santrich es solicitado en extradición se cometieron antes de la firma de los Acuerdos de Paz. Como se sabe, si la fecha fue anterior, el ex líder de las Farc no podría ser extraditado. 

La entidad hizo enfasis en que el indicment en que se solicita en extradición a Jesús Santrich, goza de presunción de legalidad y que la valoración de las pruebas en las que se apoya la acusación le corresponde a una autoridad judicial de EEUU y no a la Jurisdicción Especial para la Paz. 

“El fortalecimiento de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP -, se consolida cerrando filas para evitar que colados puedan hacer uso arbitrario de beneficios a los que no tienen derecho, y en el blindaje a sus procedimientos para evitar extra limitación de funciones, para que se precisen las atribuciones de sus órganos en armonía con las autoridades estatales y las instituciones de derecho internacional”, dijo Fernando Carrillo. 

La solicitud que hizo la JEP de las pruebas sobre el caso Santrich encendió un enorme debate jurídico y político. La discusión de fondo es muy importante para el futuro del proceso de paz. En últimas lo que se está decidiendo es si contra los miembros de la desmovilizada Farc se pueden tomar medidas como la extradición a Estados Unidos.

El acuerdo de paz había sido claro en excluir ese destino para los miembros de esa guerrilla. Sin embargo, había dejado la salvedad de que los delitos que se cometieran después de la firma del acuerdo no quedarían con este beneficio. El caso de Santrich ejemplifica la dificultad de llevar este debate a la práctica. El líder de esa guerrilla fue capturado hace seis meses por la Fiscalía atendiendo una solicitud de la DEA. La JEP tiene la primera voz para determinar si ese caso deben asumirlo ellos en la justicia transicional, caso en el cual no habría extradición, o si lo debe pasar directamente a la justicia ordinaria que enviará a Santrich directamente a Estados Unidos. 

La JEP le pidió a la Fiscalía que le dejara conocer las pruebas que tiene ese país contra Santrich. Sin embargo, no es usual que el gobierno norteamericano exponga esos documentos, videos o grabaciones a Colombia. Con el simple pedido en extradición el proceso comienza. La JEP asegura que lo que está en juego es muy importante como para no verificar los hechos de fondo y que necesita conocer ese expediente para poder pronunciarse sobre el caso. 

Esta semana, la divulgación de unas interceptaciones de su caso que estarían en poder de la Fiscalía, produjo una breve pero fuerte carta de Santrich desde prisión al fiscal general. “Deja de ser farsante”, le escribió. Agregó que desde el búnker se está creando una trampa contra él. 

Néstor Humberto Martínez le contestó. “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”, señaló apenas, tras recalcar que las pruebas en cuestión “ahí están completas” y evidenciarían que Santrich estaba en negocios de narcotráfico.

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Para comprender la trascendencia y origen de los audios que circularon esta semana hay que remontarse seis meses atrás. La captura del exjefe de las Farc obedeció a que una corte del Distrito Sur de Nueva York lo requiere en extradición para ser juzgado por supuestamente hacer parte de una red que conspiró para exportar cocaína a ese país. 

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Escuche los audios que tiene la Fiscalía en contra de Santrich

Las doce interceptaciones dadas a conocer este fin de semana, realmente no son nuevas. El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, hace seis meses, tras poner en marcha la captura de Santrich y luego de reunirse en privado con el entonces presidente Juan Manuel Santos, organizó una reunión con directores de medios para explicar el caso y enseñar algo de las evidencias que soportaban el expediente.

En esa reunión el fiscal expuso los audios que hoy causan revuelo en la opinión pública así como un breve video y la fotografía de un cuadro pintado por Santrich y dedicado a uno de los narcos mexicanos con el que estaría enredado en el turbio negocio. Sin embargo, en aquella oportunidad solo se compartió con la prensa extractos mínimos de lo enseñado, además de una extensa explicación. 

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Lo que ha circulado, sin embargo, no es el cúmulo de evidencias que reposan en Estados Unidos. Los audios -ha explicado el ente investigador- hacen parte de las investigaciones que en paralelo realizaba la Fiscalía en Colombia alrededor de una presunta red que buscaba apropiarse de los recursos para el posconflicto de manera indebida, y cuyo protagonista terminó coincidiendo con el de la operación de narcotráfico: Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, que ahora es testigo en Estados Unidos. 

Lo que pide la JEP es poder tener acceso al archivo completo para poder determinar a conciencia si los hechos tuvieron lugar después de la firma del acuerdo. Ahí ese tribunal ya tiene dos voces en contra, la del fiscal Martínez y ahora la del procurador Fernando Carrillo. La palabra final podría tenerla la Corte Constitucional, a quien la Fiscalía le envió una solicitud de que mediara en ese conflicto de competencias e inclinará la balanza a alguna de las dos entidades. 

En todo caso, si se llegara a la conclusión de que los hechos fueron cometidos después del acuerdo la JEP podría anular “la garantía de no extradición” y el caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia. En la eventualidad de que esta lo acepte, quedará en manos del presidente quien tiene la potestad de extraditar o no a discreción a Santrich. El debate va para largo. 

Estas evidencias están ahora en poder de la JEP pues el tribunal de paz requirió de esos elementos para evaluar la fecha en que habría ocurrido la eventual reincidencia. Santrich, en prisión, a través de sus abogados tuvo oportunidad de conocer esas evidencias y tras esto escribió la breve carta en que descalifica de tajo la investigación y acusa a Martínez de participar en un montaje en su contra: 

“Ya tuve la posibilidad de conocer tus "pruebas". Ojalá el país tuviera la oportunidad de oír los audios que tienes como base de tu engaño”,  inicia la misiva. Y agrega: “No sigas haciendo el ridículo y abusando del poder. Ni tú, ni nadie en este mundo podrá presentar grabación alguna en la que yo esté hablando algo distinto a lo que he dedicado mi vida en los últimos años: la implementación del acuerdo de paz y los proyectos productivos de la reincorporación. Reflexiona deja de ser farsante”.

La carta de Santrich se produce un momento clave. Hace apenas unos días antes la JEP produjo un auto en el que anuncia que para determinar si anula o no la garantía de no extradición con relación al ex jefe de las Farc, requerirá mucho más de las evidencias que hay en Colombia. Es decir, la jurisdicción de paz está reclamando no solo los soportes que hay en la Fiscalía y la breve carpeta con que Estados Unidos hace la solicitud de extradición (en donde no suele haber más que la identidad del requerido y un relato sucinto de los supuestos hechos y cargos). 

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La JEP solicita las pruebas que reposan en Estados Unidos –audios originales y demás elementos– para evaluar tanto la fecha de los supuestos hechos como la mismísima conducta atribuida a Santrich. Plantea que solo con ello podrá decidir. Y ese requerimiento rompe la tradición, pues la Corte Suprema, para aprobar extradiciones, se ha limitado a revisar  formalmente los papeles sin ocuparse de las pruebas que soportan el caso en la jurisdicción foránea.

El Tribunal para la Paz admite que su proceder es “novedoso”, pero a la vez lo justifica por la trascendencia de lo que está en juego: la paz. Aun así es muy poco probable que Estados Unidos envíe las pruebas, pues para los gringos eso significa debilitar la autonomía de su jurisdicción. La JEP espera lograr que cooperen, pero al mismo tiempo fijó un plazo de 40 días. Si en ese término no conoce las evidencias, ante la imposibilidad de comprobar el asunto, mantendría la garantía de no extradición. Con ello Santrich recuperaría la libertad, pues lo capturaron “con fines de extradición”. Y el lío político que ello produciría no tendría precedentes.

No es nada fácil la maniobra legal que intenta la JEP para solicitar las pruebas a Estados Unidos. La ley de procedimiento vigente, propuesta por el propio tribunal y aprobada con variaciones por el Congreso, impide que en el análisis de casos de extradición la JEP decrete pruebas. El artículo que fija esa limitación tiene en su contra una demanda aún no resuelta. Pero la Corte Constitucional, en un fallo de mayor rango, señala que la JEP sí puede decretar pruebas.

Para sortear la contradicción, la JEP dice que “inaplica” la ley de procedimiento y abraza el fallo por el que la corte le otorga tal potestad a fin de decidir como corresponda “con base en los medios obrantes en el proceso”. Una sala de cinco magistrados aprobó la controvertida decisión: tres votaron a favor y dos se opusieron. El grupo ganador insiste en que la Corte Constitucional habilitó a la JEP para ordenar pruebas en casos de extradición, y señala que bajo esa potestad actúan para solicitar de Estado Unidos las pruebas originales que en ese país puedan existir contra Santrich.

Es en medio de ese pulso que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, sin mencionar el nombre de Santrich, se ratifica  en que las pruebas en su contra “están completas”. Y se limitó a dar una frase ácida: “Yo no le respondo a la gente que está en la cárcel”. 

La controversia del caso Santrich tendrá nuevos desarrollos esta semana. El martes el fiscal general y la presidenta de la JEP instalarán una mesa de concertación para tratar de abrir un espacio en donde limar asperezas. O al menos evitar nuevos choques por falta de una coordinación. Lo que sí está claro es que las discrepancias de fondo como la eventual extradición de Santrich o el destino y uso que deben tener los bienes no declarados de las Farc requerirán de un árbitro mayor: la Corte Constitucional.