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Procuradora advierte que no permitirá que recursos de regalías se usen con fines electorales: “El ojo está puesto en la contratación pública”
Margarita Cabello aseguró que no le temblará la mano para investigar, sancionar y suspender a servidores públicos si se cometen irregularidades con los recursos públicos.
La procuradora Margarita Cabello Blanco emitió una advertencia contundente durante su intervención en el tercer foro de ‘Avances del Proceso Electoral’. En su discurso, expresó su determinación de no permitir que los recursos destinados para el Sistema Nacional de Regalías sean utilizados con fines políticos.
La jefa del Ministerio Público enfatizó en que la contratación pública mediante recursos de regalías es “el hueco por donde se cuelan los desfalcos por parte de los funcionarios públicos”. Además, subrayó la preocupación adicional que representa el año electoral, afirmando que “nuestro ojo está puesto en toda la contratación pública y en todas las obras con regalías, porque la intención de usar estos recursos con fines políticos personales es muy grande, y hay que estar vigilantes”.
La procuradora general de la Nación también hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para garantizar la transparencia y el derecho al voto, especialmente en diez municipios de seis departamentos, que presentan un riesgo latente para el proceso democrático debido a temas relacionados con la seguridad ciudadana, como la presencia de grupos armados y delitos electorales.
“La segunda versión del mapa de percepción de riesgo socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral de la Policía Nacional, expone diez municipios que requieren atención prioritaria”, señaló la Procuradora, mencionando regiones como El Bagre (Antioquia), Argelia (Cauca), Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta (Córdoba), San Andrés de Tumaco (Nariño), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
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Cabello Blanco destacó la complejidad de las elecciones de este año, con aproximadamente 120.000 candidatos que aspiran a cargos de autoridades locales, departamentales y corporaciones públicas. “Es decir, pasamos de tener 2.822 candidatos en las elecciones nacionales a tener, más o menos, ciento 120.000”, aseguró.
Además, Cabello resaltó la convivencia del sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”.
La Procuradora también señaló un aumento significativo en la inscripción de Grupos Significativos de Ciudadanos en comparación con las últimas elecciones locales de 2019. “A nivel nacional, con corte al 17 de mayo, se han inscrito 1.285 Grupos Significativos de Ciudadanos”, informó.
En ese sentido, hizo un llamado especial de atención a los siete municipios que presentan las tasas más altas de ciudadanos inscritos a nivel nacional en el censo electoral: La Jagua del Pilar (La Guajira), Puerto Gaitán (Meta), Paya (Boyacá), Cabuyaro (Meta), Juradó (Chocó), Albania (Caquetá) y Nuquí (Chocó).
Finalmente, la procuradora general recordó que la entidad tiene la facultad de indagar, investigar, sancionar y suspender a servidores públicos, incluso aquellos de elección popular.
“No tengan duda de que la vamos a utilizar cuando a ello haya lugar”, advirtió y concluyó, destacando la importancia de llevar a buen fin el proceso electoral en curso, en beneficio del país, la democracia y el derecho de participación ciudadana.
Precisamente, durante el foro de ‘Avances del Proceso Electoral’, la procuradora Margarita Cabello también advirtió sobre serias deficiencias en la ejecución de tres proyectos de conexión eléctrica en Casanare, los cuales superan los $50 mil millones y tienen como objetivo beneficiar a todos los habitantes del departamento. El Grupo Especial de Seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías llevó a cabo 17 visitas de campo a los proyectos ejecutados en Casanare y emitió alertas sobre los contratos de construcción y optimización de redes eléctricas.
La preocupación principal radica en las posibles deficiencias en la formulación y estructuración de los estudios y diseños, así como en el cumplimiento de las normas técnicas y la normativa del Sistema General de Regalías. Además, se han presentado retrasos en la ejecución de los proyectos y se han detectado presuntas deficiencias en los mecanismos de vigilancia a cargo de la interventoría y la supervisión.