Procuradora general dice que las carteras involucradas deberán recuperar la plata de Centros Poblados

La polémica por el caso del contrato que se había realizado entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para poder llevar internet a las zonas más apartadas de Colombia, es una situación que parece no tener fin en el país.

Mientras que la Fiscalía sigue desarrollando las respectivas investigaciones de este proceso, con el fin de “recuperar la totalidad de los recursos que generaron una circunstancia de escándalo por parte de la opinión nacional, es decir, los 70 millones de pesos”, tal como lo informó el fiscal general, Francisco Barbosa, hay otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación (PNG), que también están realizando sus propios análisis para intentar que la justicia sea equilibrada en este caso.

Así, la procuradora Margarita Cabello explicó en entrevista con la emisora Blu Radio que ya se ordenó la realización de al menos 45 pruebas testimoniales, mismas que deberán ser sometidas a audiencias desde el próximo 14 de enero.

Sin embargo, la noticia más importante en relación con el escándalo de MinTIC es la vinculación que hizo la Procuraduría de la fiduciaria BBVA y otras carteras, las cuales, según el Ministerio Público, deberán responsabilizarse de su actuación en esta polémica y ayudar en la recuperación del dinero que se dio anticipadamente a Centro Poblados.

“Nosotros involucramos a la fiduciaria del BBVA porque consideramos que ahí también hubo participación y pues algunos de todos estos tendrán que responder y pagar en últimas; es lo que presume la Procuraduría con la acción popular”, explicó Cabello.

En relación con este mismo tema, cabe recordar que, tanto la Fiscalía como la Contraloría General, están en la búsqueda de estrategias que permitan recuperar cada peso que se entregó anticipadamente a Centros Poblados, por un contrato que nunca se efectuó según lo acordado.

“Es un trabajo de la Fiscalía y por supuesto esto se compagina con la labor de la Contraloría General de la República, que también ha entrado a acompañar el proceso de recuperación de esos recursos”, añadió el fiscal Barbosa.

En cuanto a las personas que han sido llamadas a imputación de cargos por su participación directa en esta polémica, se encuentran los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la unión temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, y el contratista Emilio Tapia Aldana.

“Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó solicitud de audiencia de imputación contra cinco personas, que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato”, informa un comunicado de la Fiscalía.

Controversia por nuevos puestos en la Procuraduría

Asimismo, la procuradora habló acerca de la polémica que se ha desatado en Colombia, después de que se conocieron las intenciones de crear más de 1.200 cargos nuevos al interior de la Procuraduría. De acuerdo con Cabello, dichos puestos no llegarán inmediatamente a esta entidad, sino que se irán disponiendo de forma gradual en 2022; además, avisó que estos nuevos empleos no generarán gastos adicionales, sino que se utilizará el presupuesto tal como se determinó por las autoridades nacionales.

“Es con el mismo presupuesto que tenemos, no habrá más. Me toca a mí adecuar el presupuesto de la Procuraduría en la creación paulatina de estos cargos. Empezaremos poco a poco”, explicó.

Por último, aclaró que los puestos no se crearán dentro de su propio despacho, sino que llegarán como un refuerzo para mejorar los procesos internos de toda la Procuraduría; por lo que cada uno de ellos tendrá un jefe directo y será a este al que rendirán cuentas, y no precisamente a la procuradora.