Procuradora hace contundente crítica al Gobierno por falta de apoyo a las víctimas del conflicto que han tenido que salir del país

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, le hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno por no tomar medidas de fondo ante la crisis migratoria que se presenta actualmente. Desde Nueva York, Estados Unidos, la jefa del organismo de control disciplinario manifestó que es una problemática bastante grave y no se han cumplido los fallos correspondientes.

“No vemos la asistencia completa del Gobierno frente al problema migratorio”, advirtió la Procuradora General, desde Estados Unidos, al indicar que han aumentado las rutas para el tráfico de migrantes: “Ya no es solamente por el Tapón del Darién sino también por San Andrés hacía Centroamérica”.

Siendo el Ministerio Público el organismo designado par la ley y la Constitución Política la protección de las víctimas la Procuradora manifestó que se reunirán para ver si los organismos estatales encargados están cumpliendo a cabalidad sus funciones. “Nosotros haremos que se cumplan mediante los requisitos correspondientes y si nos toca llegaremos a la parte disciplinaria”.

Las cifras recolectadas indican que en el último año han migrado a los Estados Unidos 130.971 colombianos víctimas de violencia, pobreza y exclusión, principalmente. “Es como si ciudades de la dimensión de Buga, Duitama o Ciénaga se migraran a ese país”. Esta grave situación fue puesta de presente en Nueva York por los propios líderes de apoyo a la migración.

En el año 2021, ingresaron 10.945 colombianos, cifra que demuestra el inmenso crecimiento de la población migrante hacía ese país. En su misión de trabajo, la procuradora general manifestó que es necesario reforzar el seguimiento y control a la gestión de las entidades competentes para garantizar sus derechos a la atención y reparación.

En las visitas se ha manifestado que es necesario una mayor articulación para apoyar a las víctimas del conflicto que han tenido que migrar, realizando un seguimiento y control a la gestión de las respectivas entidades competentes para garantizar los derechos de los migrantes a la reparación y atención. “La cifra es sobrecogedora”.

El problema de la migración

Recientemente se conoció que el Gobierno de los Estados Unidos le pondrá fin al Título 42, una medida que se implementó bajo la administración de Donald Trump y que se convirtió en otro ‘obstáculo’ para quienes han apelado al tránsito irregular como alternativa. En ese sentido, el gobierno norteamericano ha sido enfático en exhortar a los migrantes para que se abstengan de viajar indocumentados.

Esa normativa se puso en marcha en marzo de 2020 cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta, a fin de frenar la propagación del coronavirus. En pleno auge de la pandemia, la medida daba luz verde para expulsar a un mayor número de personas al ‘ampararse’ en la salud pública estadounidense.

Aunque la culminación de esa disposición podría ser vista por varios como una nueva oportunidad de ingreso, lo cierto es que si no se cuenta con los papeles en regla ese país ya contempla opciones más “severas” para enfrentar la crisis fronteriza. Lo que ha recalcado la administración Biden en las últimas semanas es que los intentos para llegar ilegalmente serán en vano.

El Departamento de Seguridad Nacional Estadounidense (DHS) estima que, una vez se derogue la polémica medida sanitaria, el número de personas que buscarían cruzar la frontera diariamente se duplicaría. Cifras, recogidas por la cadena internacional CNN, estiman que los números se situarían entre 9.000 y 14.000, lo que pone la lupa en qué política aplicará el Gobierno.

En entrevista con Noticias Telemundo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró que el fin de la normativa no equivale a mayores facilidades para entrar a la nación sin papeles. “La frontera no está abierta. Llegado el 11 de mayo vamos a utilizar las autoridades de migración y vamos a poner consecuencias más severas que las del Título 42: la gente estará expulsada y se les prohibirá entrar a Estados Unidos por al menos cinco años”, enfatizó el funcionario.

Respecto a la recepción que tendría México de deportados, Mayorkas aclaró que actualmente se vive una crisis regional de la que los países “aliados” son conscientes. El secretario mencionó que las disposiciones adoptadas están contempladas en un propósito de seguridad y “cuestión humanitaria”.