Procuraduría
Procuradora Margarita Cabello alerta sobre la grave situación por deforestación; minería ilegal y cultivos ilícitos, entre los causantes
El panorama fue dado a conocer por la procuradora durante la Segunda Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Región Amazónica.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, emitió una alerta sobre la grave situación que está afectando los bosques del país. En particular, ha destacó la deforestación causada por la minería ilegal y los cultivos ilícitos, que son los principales motores de la degradación ambiental en Colombia.
La procuradora señaló que estos actos son llevados a cabo por grupos ilegales, que no solo están generando graves daños al medio ambiente, sino que también ponen en riesgo a las comunidades y causan serias situaciones de orden público. Según la jefa del Ministerio Público, los territorios más afectados por la deforestación son Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo, Norte Santander, Antioquia, Nariño y Chocó, donde se ha concentrado el 68% de la deforestación en Colombia.
Cabello hizo un llamado sobre la necesidad de fortalecer la lucha contra este flagelo y le recordó a las autoridades la importancia de implementar medidas efectivas y coordinadas para combatir la minería ilegal y los cultivos ilícitos en el país. También alertó sobre la grave situación que está atravesando el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde se están desarrollando actividades de minería ilegal que están causando daños irreversibles a este importante ecosistema.
Además, la funcionaria mencionó que el departamento de Putumayo, “el motor de la deforestación, serían los cultivos ilícitos, concentrando el 21 % de las hectáreas sembradas de coca en la región Amazónica, al borde del río Putumayo, evidenciándose afectaciones por deforestación a causa de la siembra ilícita en el Parque Nacional Natural La Paya”.
Lo más leído
En la “Segunda Mesa Nacional para Combatir la Deforestación en la Región Amazónica”, la procuradora destacó que en 2021 se deforestaron 174.104 hectáreas de bosque en Colombia. Estas cifras son alarmantes y muestran la necesidad de tomar medidas concretas y efectivas para prevenir la deforestación en el país.
Procuradora sobre migrantes en el Darién
Por otra parte, la procuradora Margarita Cabello fue enfática en sus críticas al Gobierno Nacional por su falta de atención a los migrantes en el Tapón del Darién. La situación sigue siendo preocupante y, a pesar de las alertas emitidas por el órgano de control hace cuatro meses, asegura Callebo, no se han observado “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.
Durante una rueda de prensa, Cabello le hizo un ‘jalón de orejas’ al Gobierno y también reiteró sus críticas a la Cancillería, señalando que no ha logrado ningún avance para mitigar la difícil situación que atraviesan los migrantes y que incluso ha incumplido con la puesta en funcionamiento de un centro de atención al migrante en Necoclí.
La procuradora Cabello destacó que, tras siete meses del nuevo Gobierno, los migrantes continúan desamparados y que ni siquiera se ha instalado una oficina de Migración Colombia en la zona. Además, señaló que “la presencia institucional del ICBF, de la Policía Nacional, entre otras entidades necesarias para ordenar y hacer segura esta migración, sigue sin fortalecerse”.
En medio de sus cuestionamientos, la Margarita Cabello anunció la apertura de una investigación contra algunos servidores públicos que intervinieron en un proceso de desalojo y traslado de por lo menos 200 personas, incluidos menores, en el municipio de Acandí, en Antioquia. Según Cabello, en este proceso no se tomaron las normativas del caso y se vulneraron los derechos de los migrantes.
La funcionaria también expresó su preocupación por el fenómeno de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la zona del noroccidente del país. Según ella, las autoridades nacionales y territoriales no han adoptado acciones para su prevención y para su judicialización, lo que atenta contra el Principio de Progresividad y la obligación del Estado de garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos.
