Procuradora pide frenar la deforestación del Amazonas: “Está relacionada con minería ilegal y cultivos ilícitos que alimentan la guerra”

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, hizo hincapié en la importancia de abordar la deforestación, calificándola como una de las problemáticas socioambientales más complejas que enfrenta Colombia. Enfatizó que se requiere el compromiso de todas las entidades relacionadas con la protección ambiental, los derechos humanos y la seguridad.

Durante la clausura del curso sobre ‘Herramientas administrativas, de control y judiciales para la protección de la Amazonía colombiana’, Cabello Blanco destacó que la deforestación está estrechamente relacionada con la seguridad de los territorios, la minería ilegal y los cultivos ilícitos que alimentan el conflicto armado. Asimismo, advirtió que detener la deforestación es fundamental para garantizar los derechos humanos.

“Es una de las problemáticas socioambientales más complejas que estamos enfrentando y para la que se necesita el compromiso de todos y cada una de las entidades relacionadas no solo con la protección ambiental en Colombia, sino con los derechos humanos y la seguridad”, aseguró la funcionaria.

La jefa del Ministerio Público firmó un memorando de entendimiento con la organización Conservación Internacional para desarrollar acciones conjuntas para hacer frente a la “triple crisis planetaria” de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Ambas partes se comprometieron a cooperar mutuamente y a incidir en la regulación de la institucionalidad ambiental del país.

La procuradora hizo un llamado a todas las entidades a actuar en colaboración armónica, destacando que las acciones aisladas no generan transformaciones profundas ni cambios estructurales. Subrayó la importancia de la planificación coordinada y la comunicación efectiva entre las instituciones para abordar de manera integral los problemas que afectan a la sociedad colombiana, incluyendo las problemáticas ambientales.

“No me cansaré de decir que las acciones aisladas no son las que generan transformaciones profundas y cambios estructurales. Solo bajo la planeación coordinada y la comunicación efectiva entre las instituciones se logrará atacar de raíz, las problemáticas que tanto afectan a la sociedad colombiana, incluidas, las problemáticas ambientales”, aseguró Cabello Blanco.

La procuradora recordó que, como entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia, participó en la expedición de la Sentencia 4360, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó la articulación interinstitucional para su protección. Destacó el papel determinante que juegan los jueces en la protección efectiva de los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de Colombia: “El rol que desempeñan los jueces suele ser determinante para la efectiva protección de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos de nuestro país”.

Cabello Blanco también resaltó que el país cuenta con sentencias estructurales, como las del río Bogotá, el río Atrato, la Bahía de Cartagena y el río Cauca, que marcan la pauta para su conservación efectiva debido a la ineficiencia de las políticas públicas diseñadas para este propósito.

Asimismo, reiteró el compromiso del ente de control en el desarrollo de espacios que contribuyan a la formación de ciudadanos y funcionarios públicos comprometidos con la conservación del patrimonio natural.

Procuraduría sobre decisiones ambientales arbitrarias

De otro lado, la Procuraduría General emitió la Circular 015 de 2023, en la que insta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades ambientales del país a dar prioridad a la investigación científica y rigurosa al tomar decisiones estratégicas relacionadas con la protección del medio ambiente.

Aunque la circular no mencionó ejemplos específicos, enfatizó la importancia de aplicar los principios ambientales de prevención y precaución definidos en la legislación colombiana al tomar estas decisiones y hacerlo de manera fundamentada, evitando actuaciones arbitrarias al invocar el principio de precaución. Este principio implica la adopción de medidas protectoras cuando existen indicios de que ciertos productos o tecnologías pueden representar un riesgo para el medio ambiente.

La Procuraduría ha identificado que, en algunos casos, las autoridades ambientales están tomando decisiones de regulación, ordenamiento y planificación ambiental haciendo referencia a estos principios, pero sin la debida justificación ni sustentación de su aplicación en casos específicos. Por esta razón, el ente de control instó a las autoridades a adoptar procedimientos administrativos para la aplicación de estos principios y a priorizar acciones destinadas a prevenir o evitar los efectos negativos no deseados y los daños graves e irreversibles causados por actividades humanas en el ambiente, la biodiversidad, los recursos naturales renovables y la vida.

La Procuraduría subrayó la importancia de la información científica y la aplicación de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la adopción de medidas necesarias para proteger el medio ambiente y prevenir daños causados por proyectos, obras o actividades.