Nación
Procuradora rechaza la invasión de tierras y plantea una reforma rural
La jefe del Ministerio Público se mostró preocupada de la forma cómo en diferentes regiones del país campesinos e indígenas se está metiendo por la fuerza en los predios para apropiarse de ellos. por la fuerza
El inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, que llegó con la promesa de hacer una mejor repartición de la tierra en Colombia con la adjudicación de baldíos del Estado y entrega predios decomisados a narcotraficantes, mutó rápidamente un fenómeno que parece estarse desbordando, la invasión de propiedades privadas por parte de indígenas y campesinos, situación que ya tiene en alarma al país y generó el contundente rechazo de la procuradora Margarita Cabello.
El primer llamado que hizo Cabello Blanco fue a justamente a los funcionarios públicos a quienes les aclaró que es su obligación proteger y velar por la protección de la propiedad privada de los ciudadanos, en este caso sus predios.
Constitucionalmente, las funciones de las garantías y protección a la propiedad privada, como consecuencia de las manifestaciones de ocupación, no pueden compartirse ni trasladarse a organizaciones civiles ni a grupos sociales indeterminados, reiterando que es necesario que el Gobierno Nacional, y las instituciones del Estado, articulen esfuerzos con el propósito de garantizar tales derechos.
La Jefe del Ministerio Público destacó que se hace necesaria la definición de los criterios y términos de intervención para que la vulneración al derecho de la propiedad privada se conjure, al tiempo de ser atendidas las reclamaciones de los actores inmersos en esta coyuntura.
Lo más leído
“Hemos estado muy atentos, nosotros tenemos una función preventiva y de intervención muy importante, la propiedad privada en un país democrático como el nuestro debe ser protegida y la Procuraduría estará atenta y vigilante”, dijo la Procuradora.
Constitucionalmente, las funciones de las garantías y protección a la propiedad privada, como consecuencia de las manifestaciones de ocupación, no pueden compartirse ni trasladarse a organizaciones civiles ni a grupos sociales indeterminados, reiterando que es necesario que el Gobierno Nacional, y las instituciones del Estado, articulen esfuerzos con el propósito de garantizar tales derechos.
Reforma rural
Aunque la procuradora Cabello Blanco fue clara y contundente con la obligación de los funcionarios públicos de hacer respetar la propiedad privada de las personas, también reconoció que hay un legítimo interés de los campesinos por acceder a tierras.
Por ese motivo, afirmó que “El derecho de acceso a tierras es válido, y vamos a protegerlo, pero tenemos que hablar de un desarrollo rural integral que cubra todas las necesidades de los campesinos del país”.
Aseguró que este organismo de control está a disposición de las diferentes entidades involucradas, con su facultad preventiva, para “buscar acuerdos en la definición de políticas públicas” relacionadas con entrega de tierras y acceso a la propiedad de personas y comunidades que carezcan de ello.
“Somos consientes que hay un grupo de personas queriendo acceder a tierras y trataremos a través de nuestras facultades a ayudar a que sus derechos sean reconocidos, pero hay un tema adicional que hay que tener en cuenta, en el que la Procuraduría quiere hacer mucho énfasis, el derecho al acceso a tierra es válido y los vamos a defender desde nuestra misionalidad, pero la mirada debe ser, no tanto hablar de petición de tierras o entrega de tierras, sino hablar de un tema de una reforma rural integral”, afirmó Cabello Blanco.
