Procuradora se declaró impedida para dar concepto sobre el estado de emergencia en La Guajira decretado por el presidente Petro

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se declaró impedida para conocer la revisión de constitucionalidad del decreto presidencial que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira.

En un escrito enviado a la Corte Constitucional, la procuradora indicó que podría incurrir en la causal de impedimento denominada “interés en la decisión”, pues cuando se desempeñó como magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en julio de 2016, fue ponente de la tutela que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, el cual se relaciona directamente con los decretos expedidos por la Presidencia de la República.

Precisamente, en el 2021 la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por la procuradora para participar en el seguimiento a ese fallo de tutela, al considerar que “ejerció un papel activo y tuvo un grado de participación significativo en el proceso, pues fungió como magistrada ponente de la decisión que se profirió en segunda instancia y que posteriormente dio lugar a la sentencia T 302 de 2017″.

En caso de que la Corte acepte el impedimento, el asunto será abordado por el viceprocurador general de la Nación.

La Corte hará audiencia pública

La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez y pertinencia del decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, expedido por el presidente de la República, Gustavo Petro.

En el marco de su análisis, la Corte llevará a cabo una audiencia pública para escuchar los argumentos del Gobierno nacional para emitir dicho decreto. La magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo, será quien presida la diligencia que se realizará el próximo 11 de agosto y se transmitirá por todas las redes sociales y la página web de la Corte Constitucional.

La diligencia se desarrollará bajo los siguientes ejes temáticos: (1) el diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira; (2) el alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira; (3) las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento de la Guajira, y, finalmente, (4) la democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático. En el análisis de estos aspectos se considerará la incidencia de las olas de calor generadas por el fenómeno de El Niño, el cual aumenta las temperaturas en ciertas zonas, como el norte de Colombia.

Durante la audiencia, se otorgará un espacio inicial al presidente de la República o su delegado para que explique las razones que justificaron la expedición del decreto. Luego, se escuchará a los representantes de las entidades públicas, miembros de la sociedad civil, así como expertos y expertas en la materia de cambio climático y derecho constitucional, en el orden que señala la siguiente agenda preliminar.

¿Por qué se expidió del decreto?

Con la expedición de este decreto de emergencia, el presidente Gustavo Petro podrá emprender todo tipo de acciones por 30 días para atender 11 sectores y enfrentar la crisis humanitaria que vive este departamento del norte del país.

En una declaración dada en un evento que se desarrolló este 29 de junio en la plaza pública del Malecón, en La Guajira, el mandatario colombiano alertó que se viene para esa zona del país una “calamidad pública” por la agresividad del fenómeno de El Niño. “Por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del Gobierno y con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública”, sentenció Petro.

Y agregó: “porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen... Nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades de la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira”.

Una de las medidas urgentes que se implementarán de manera inmediata en ese departamento será la de transportar agua potable de manera gratuita a cada rincón de La Guajira con el apoyo de la fuerza pública.

Otro de los puntos que trae la emergencia económica y social del Gobierno Petro está enfocado en reforzar la educación en La Guajira, con un énfasis en el potencial de educación superior con facultades de medicina y enfermería que atiendan las enfermedades de los habitantes.

“Indudablemente, tenemos una calamidad pública que ha sido declarada incluso por la misma Corte Constitucional, una amenaza de agudizamiento a partir de la congruencia entre crisis climáticas que ascienden y el fenómeno de El Niño, que tiende de moderado a grave, de acuerdo a las probabilidades que nos brindan las instituciones climáticas que hay para el tema”, recordó Petro.

Primeras medidas

En el marco de la declaratoria de emergencia, el presidente ya expidió el primer decreto con las medidas que se implementarán. Se trata del decreto 1250 del 26 de julio de 2023, que también será analizado minuciosamente por la Corte Constitucional, y establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa incluso con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipios, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.

En cuanto a la contratación directa, el decreto establece que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará facultado para llevar a cabo contrataciones directas destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos. Para aplicar esta modalidad de contratación, la declaratoria del Gobierno nacional constituye el acto administrativo que fundamenta la urgencia manifiesta”.

En ese mismo sentido, establece que se podrá contratar de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.

El decreto, que ya entró a regir, también ordena la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira, como una entidad descentralizada del orden nacional, cuyo objeto será gestionar el recurso hídrico en el territorio. El director de dicho instituto será nombrado por el presidente de la República.

De igual forma. el decreto determina que el proyecto multipropósito del río Ranchería, que hoy es uno de los elefantes blancos más grandes del país, sea estratégico para garantizar el acceso al agua potable para el consumo humano, para lo cual el Ministerio de Vivienda deberá garantizará la administración, operación y mantenimiento de este proyecto.

Ahora, la Corte Constitucional entrará a revisar en primer lugar el decreto de la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental en La Guajira, expedido por el presidente Gustavo Petro y, posteriormente, este decreto que ordena las primeras acciones.

Principales puntos de la declaratoria de emergencia

“El Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación”, indicó la Presidencia.

Uno de los puntos principales sobre los que el Gobierno pondrá especial atención es la salud. Allí, se espera que se tomen medidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema en el departamento, agobiado por la corrupción y la falta de recursos.

“Se requieren medidas legislativas para reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud en el departamento, en particular en lo referente a la gobernanza, el financiamiento, la administración y el flujo de recursos, con un modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las autoridades tradicionales indígenas del pueblo wayuu y de los demás pueblos indígenas”, advirtió el Gobierno.

Otro punto clave será el acceso al agua y al saneamiento básico, para lo que el Gobierno planea echar mano de los recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones, con el fin de construir la infraestructura necesaria para que los habitantes de La Guajira disfruten del acceso al agua potable y a las necesidades básicas de saneamiento.

Otro de los aspectos que se destacan dentro de los fines de la declaración de esta emergencia económica, social y ecológica para La Guajira, es el de hacerles frente a los problemas sociales que se desprenden de las calamidades climáticas que afectan al departamento, en particular con la llegada del fenómeno de El Niño al país, lo que hace pensar que habrá una dura temporada de sequía en esta región.

Para ello, “el decreto contempla la priorización del uso del recurso hídrico y la preservación del caudal ecológico, es decir, tener caudal suficiente para su provisión con fines de atención del consumo humano, colectivo o comunitario y los usos agropecuarios que se tengan o generen con fines de seguridad alimentaria”.

Otros aspectos que atenderá el Gobierno con prioridad, gracias a esta medida, serán el agropecuario, la educación, los subsidios de energía, la infraestructura aérea, las inversiones para promover el desarrollo de la región, la atención a las familias y la primera infancia, y la puesta en marcha de proyectos de tecnología que permitan la implementación de infraestructura de las telecomunicaciones en la península.

Las emergencias económicas que se han decretado en Colombia

El presidente Álvaro Uribe fue uno de los mandatarios que utilizó la figura de emergencia social y económica. Durante su segundo período, exactamente en 2009, el mandatario recurrió a este estado de excepción para lograr salvar el sector salud a través de las entidades territoriales.

El sistema, en ese entonces, se encontraba en una crisis debido a los costos que representaban los servicios no incluidos en el POS. Los recursos que soportaron esa emergencia fueron obtenidos de impuestos al consumo de cerveza, los licores y el tabaco.

Otro mandatario que tuvo que tomar la decisión fue el presidente Juan Manuel Santos. Durante sus dos períodos presidenciales, desde 2010 hasta 2018. La primera emergencia económica que declaró fue luego de iniciar su mandato, en el año 2010, para atender a los damnificados por la dura temporada de lluvias que se vivió en ese entonces. La segunda declaración de emergencia fue hecha cinco años después, en su segundo período. Esta fue para atender efectivamente la crisis venezolana.

La tercera vez que el mandatario hizo efectiva esta figura fue en 2017, un año antes de irse. Se dio luego de que Mocoa, municipio del Departamento de Putumayo, sufrió una de las peores catástrofes de su historia. Debido a un torrencial aguacero, se desbordaron dos ríos que acabaron con viviendas, puentes y vehículos a su paso. Al menos 1.400 personas fallecieron.

La última emergencia económica decretada fue la del presidente Iván Duque. El mandatario tuvo que tomar varias medidas luego de que la pandemia por covid-19 afectara diferentes sectores productivos del país. Con la decisión se creó un fondo con 40 billones para atender la crisis.