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Prada asegura que él mismo pidió ser escuchado en Procuraduría y Fiscalía

El actual Secretario de la Casa de Nariño reitera que son falsas las acusaciones por supuesta corrupción mientras dirigió el Sena. Le ha hecho saber a su círculo cercano que no piensa renunciar en el corto plazo.

15 de noviembre de 2017
| Foto: SEMANA

El secretario General de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, le ha hecho saber a su círculo más cercano que está dispuesto a enfrentar la puja jurídica y política en la que se vio envuelto tras las denuncias por supuestos casos de corrupción mientras fue director general del Sena. De hecho, y a pesar de los procesos que se le pueden venir encima, ha sido enfático en que renunciar al cargo no está entre sus planes inmediatos.

Precisamente –tras la indagación preliminar disciplinaria que por esas acusaciones le abrió la Procuraduría– Prada emitió un comunicado en la noche de este miércoles advirtiendo que ese proceso lo pidió él mismo y que incluso notificó a la Fiscalía de su interés de ser llamado para poder dar su versión por estos hechos. 

Todo obedece a que la saliente directora del Sena, María Andrea Nieto, denunció ante el Ministerio Público y el organismo investigador que supuestamente Prada es responsable de una serie de irregularidades contractuales por miles de millones de pesos, las cuales, según ella, detectó apenas llegó al cargo. Esos señalamientos le costaron la declaratoria de insubsistente por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos.  

El Secretario de la Casa de Nariño dice en su comunicado que “el día 30 de octubre del año en curso solicité al señor Procurador Fernando Carrillo, abrir la indagación frente a cada una de las actuaciones de funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje que han sido objeto de debate público en los medios, considerando que el juez natural en materia disciplinaria es precisamente la Procuraduría General de la Nación”.

Esta es la forma de Prada de ratificar lo que ha dicho en diferentes escenarios –incluso en una reciente entrevista con SEMANA– en torno a que las acusaciones en su contra son falsas y que está dispuesto a acudir a los órganos judiciales del país para demostrarlo.

Añadió que el proceso ante el Ministerio Público comenzó el pasado 31 de octubre, con el fin, según él, de determinar si es necesario o no adelantar una investigación formal por las acusaciones de Nieto. “Mi disposición, como se lo he expresado a la Procuraduría, siempre, es acudir a su llamado y contribuir a que finalmente la verdad llegue a este proceso”, precisó en su comunicación.

Toda esta situación ha debilitado la maniobrabilidad de Prada en términos políticos, al punto de que se ha comenzado a ventilar la posibilidad de que renuncie para enfrentar los procesos y le permita a la Casa de Nariño recuperar la estabilidad del cargo que ostenta, pues es clave para el desarrollo legislativo de lo acordado durante el proceso de paz con las Farc. No obstante, él ha hecho saber que esa posibilidad, la de irse de ese puesto por todo este escándalo, es lejana.

Lo que dice la Procuraduría

Después de que la exdirectora del Sena Andrea Nieto denunció presuntas irregularidades en la contratación acontecidas durante la gestión de Prada, el informe de la Contraloría en el que fueron presentados 161 hallazgos administrativos -algunos con posible alcance penal- terminó de convencer al Ministerio Público de abrir una indagación preliminar sobre lo que al parecer ocurrió durante la vigencia de 2015 y 2016. Prada deberá comparecer ante la Procuraduría para rendir versión libre el próximo 17 de noviembre.

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Entre el centenar de contratos que fueron analizados por el ente de control, uno en particular ha llamado la atención de los funcionarios del Ministerio Público.  

Se trata del Contrato Interadministrativo 977 de 2015 suscrito entre el Sena y la empresa estatal de correos 4/72, por más de 18.000 millones de pesos, en el que se está tratando de establecer si se quebrantaron los principios que rigen la contratación pública.

Entre otras sospechas, la Procuraduría aclaró que está investigando la idoneidad de esta empresa para suscribir un contrato de organización de archivos centrales y realización de digitalización certificado tan grande como el que tuvo en lugar. En particular debido al hecho de que 4/72 tuvo que subcontratar a la sociedad ADA por 2.700 millones de pesos para poder concluir el encargo.

Mientras que otro halo de sospecha rodea el hecho de que pudo haber estado en ese momento al frente de la gerencia de gestión documental de los Servicios Postales Nacionales un familiar de Alfonso Prada.

Además de este caso, fueron encontrados entre los 161 hallazgos administrativos 5 convenios con posible alcance fiscal por 804.997 millones de pesos, 75 con posible alcance disciplinario y 3 con presunto alcance penal.

Por estos motivos, además de abrir una indagación en contra del actual secretario de Presidencia, Alfonso Prada Gil, el órgano de control también hizo lo propio en materia disciplinaria contra la entonces representante legal de Servicios Postales Nacionales S.A. 4/72, Adriana María Barragán López, y el secretario general del Servicio Nacional de Aprendizaje, Milton Núñez Paz, a quienes citó a comparecer el 17 de noviembre para que rindan su versión libre.

Al margen del lío disciplinario, el hecho de que Barragán sea compañera permanente de Prada, y que convivan, le da al episodio una connotación ética que dificulta las explicaciones que debe entregar el alto funcionario, y con ello se reduce el margen político que tendrá para enfrentar la situación.

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Como parte de la indagación que ordenó la Procuraduría se escuchará el testimonio de los funcionarios que para 2016 ejercían, en el Sena, los cargos de jefe de la Oficina de Control Interno, Oficina de Sistemas, secretario general, las direcciones de Formación Profesional, Empleo y Trabajo, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Jurídica, Promoción y Relaciones Corporativas, Planeación y Direccionamiento Corporativo y Administrativa y Financiera.

Igualmente, otro frente que abrió la Procuraduría es el de una indagación preliminar adelantada en contra de funcionarios de la entidad por realizar presuntas exigencias de dinero a contratistas que habrían quedado grabadas en video.

Según informó el Ministerio Público, una excontratista del Sena aseguró a un medio de comunicación que debía entregar 1.100.000 pesos de su salario a una funcionaria del Sena para conservar su trabajo.

Al parecer, Gloria Quintana sería la funcionaria que habría quedado registrada en video cuando recibió el dinero. Lo cual fue motivo suficiente para que los investigadores decretaran una visita especial a la Oficina de Talento Humano en aras de establecer si existe un vínculo laboral entre las personas mencionadas por la excontratista y la entidad, entre las cuales figuran también Juan Valdés y Juan Pablo Arenas, entonces director jurídico de la entidad.

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