Procuraduría abre indagación preliminar contra concejal Heidy Sánchez por publicación que habría generado ataque a ambulancias

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a la concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto, por información publicada en sus redes sociales, con ocasión de las jornadas de protesta del pasado 22 de mayo, la cual habría ocasionado vulneraciones a la integridad de la misión médica. En total habían sido vandalizadas 16 ambulancias por un post en el que decía que desde estos vehículos estaban entregando cartuchos lacrimógenos.

El Ministerio Público solicitó la práctica de diferentes pruebas “con el fin de verificar la ocurrencia de la presunta conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”.

Asimismo, “se trasladaron copias entre las Procuradurías distritales para que en actuación disciplinaria se investiguen los hechos denunciados por la concejal Sánchez, en los que relató posibles lesiones oculares de la que fueron víctimas ciudadanos durante la jornada de movilización”.

Pero no solamente la Procuraduría investiga. La Fiscalía advirtió ayer que están trabajando en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de los resultados luego de las denuncias de la concejal. El Distrito dijo que al menos 16 ambulancias fueron atacadas por los manifestantes que buscaban los gases advertidos en las denuncias de la cabildante.

“Concejala @heidy_up su irresponsabilidad difundiendo información falsa puso ayer en peligro a la misión médica y ha generado que manifestantes paren ambulancias y les impidan pasar a atender heridos”, señaló el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, reclamándole a la concejal por difundir información falsa.

Dentro de las decisiones de la Procuraduría hay dos temas importantes:

- Se trasladaron copias entre las Procuradurías distritales para que en actuación disciplinaria se investiguen los hechos denunciados.

- El Ministerio Público hace un llamado a la corresponsabilidad frente a la información suministrada a la ciudadanía, publicaciones en redes sociales y declaraciones a medios comunicación, teniendo en cuenta que esta debe estar basada en datos comprobados, a fin de evitar la desinformación.

En este caso la investigación es disciplinaria. Por el lado de la Fiscalía, investigadores y analistas esperan verificar la información, además de establecer si la funcionaria incurrió en el delito de instigación, si los mensajes que difundió por sus redes sociales llevaron a los ataques contra las ambulancias y la misión médica que se desplazaba por la zona para atender a los heridos. “No es que no sabía. Ella como funcionaria pública es responsable de lo que dice y hace, debe ser responsable en lo que publica y los efectos que puede generar”, señalaron fuentes de la Fiscalía.

De igual manera, el ente acusador también advirtió que analizan otra información que incluso congresistas decidieron difundir por redes sociales y que podrían constituir delito, pero que por razones del fuero constitucional remitirán a través de compulsas de copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se indague en la comisión de las mismas conductas, como instigación.

En el comunicado, la Procuraduría señala que hace un llamado a los funcionarios públicos “para que en su calidad de autoridades civiles sean responsables de la información que suministran a la opinión pública, sus publicaciones en redes sociales y las declaraciones a medios comunicación. Teniendo en cuenta que esta debe estar basada en datos comprobados, hechos ciertos, a fin de evitar que información tergiversada o desinformación causen pánico, generen violencia o incentiven el odio”.