Procuraduría abre indagación preliminar contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por manejo del paro nacional

La Procuraduría abrió indagación preliminar en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina por el manejo que le ha dado al paro nacional, en el que no habría garantizado los derechos de quienes han decidido mantenerse al margen de las manifestaciones.

El ministerio público busca determinar si el mandatario ha tomado las medidas correctas para garantizar los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados por los bloqueos, saqueos y desmanes sobre bienes públicos y privados.

Es de recordar que recientemente Ospina también realizó una denuncia penal, pero en esta ocasión contra los civiles que quedaron en video disparando contra civiles en la capital del Valle del Cauca.

“En cumplimiento de una promesa realizada, se acaba de colocar una denuncia penal en contra de personas indeterminadas, que estando en la protesta han utilizado armas, han disparado contra las personas. También, personas que estando comprometidas en los bloqueos han sido captadas por las cámaras de seguridad utilizando armas y disparando indiscriminadamente (...) Colocamos los elementos, material probatorio, fotos, lo que está en nuestros videos”, dijo el alcalde.

Agregó que “le pedimos a la Fiscalía que actúe, procese y le dé un trámite especial a esta denuncia, ya que es de alto impacto para la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Hay un compromiso de cero tolerancia con el uso de armas”.

Por su parte, la Procuraduría indicó al referirse al paro nacional que “se dispuso de todo su recurso técnico y humano, en especial, procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones”.

Señaló el organismo de control que “en este sentido y reconociendo siempre el ejercicio de la protesta social y el reclamo por un Estado garante de derechos, que combata todas las violencias, y amplíe el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución del 1991; con corte a 1 de junio se adelantan 154 acciones disciplinarias que buscan la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (quienes protestan y quienes deciden no hacerlo). Así como el esclarecimiento de los hechos que involucran violaciones a los derechos humanos”.

Explicó además el ministerio público cómo se están desarrollando las investigaciones. “Respecto de estas la Procuraduría ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso”.

Sobre los procesos a su cargo manifestó el órgano de control que “se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares. Diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes”.

Así mismo aclaró que 17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:

Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.

Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5 indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias). Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.

Seis (6) Concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.