Nación
Procuraduría abre investigación a Andrés Ávila, expresidente de la SAE, por presuntas irregularidades en modificación presupuestal
El expresidente de la SAE habría ordenó gastos que no estaban autorizados por el Comité Técnico de Frisco ni del Consejo Nacional de Estupefacientes.
La Procuraduría General de la Nación tomó medidas ante posibles irregularidades en la gestión del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado, conocido como Frisco. El Ministerio Público ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila Ávila, quien estuvo a cargo de la entidad entre los años 2020 y 2022.
La Procuraduría General indagará presuntas acciones irregulares relacionadas con la modificación del presupuesto del Fondo Frisco, del cual Ávila Ávila era administrador. Al parecer, el entonces presidente de la entidad habría autorizado gastos de funcionamiento, bonificaciones y pagos de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otros desembolsos. Estas partidas, según la Procuraduría, no contaban con la autorización correspondiente por parte del Comité Técnico de Frisco ni del Consejo Nacional de Estupefacientes, y tampoco estaban contempladas en el presupuesto para la vigencia 2022.
Además, se plantea la posibilidad de que no exista claridad en relación con la legitimidad de las decisiones tomadas en la SAE. Se argumenta que las circunstancias que motivaron la solicitud de modificación del presupuesto no se habrían cumplido, lo que podría dar lugar a una falta disciplinaria.
Con esta investigación disciplinaria, la Procuraduría busca esclarecer los hechos, determinar si las acciones del expresidente de la SAE constituyen una falta disciplinaria y si se han presentado circunstancias que excluyan la responsabilidad en el caso.
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Hasta el momento, ni el expresidente Andrés Ávila ni la SAE se han pronunciado al respecto.
Cabe recordar que Ávila en 2010 fue asesor de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Posteriormente, en el 2012, ejerció funciones de subdirector de gestión comercial, subdirector de recursos físicos y subdirector de gestión comercial, titular y encargado, de la misma entidad. En el 2017, ingresó a la Sociedad de Activos Especiales como jefe de la Gerencia de Bienes Muebles, en septiembre de 2018 asumió funciones como vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles, hasta que llegó a la presidencia de la entidad.
SAE denunció amenazas en contra del gerente en Atlántico
Por otro lado, a través de un comunicado, la Sociedad de Activos Especiales denunció públicamente que Nevys Niño, la gerente de la Regional Norte de la entidad, fue víctima de amenaza por parte de supuestos representantes de la Fundación Abraham Serafín Castillo, impidiendo el acceso a un predio.
El hecho se registró el pasado 18 de agosto en un corregimiento del municipio de Repelón, Atlántico, cuando la funcionaria realizaba una visita de reconocimiento de un predio de razón social Finca Zahino 2, y fue abordada por un grupo de hombres que le lanzaron frases amenazantes tratando de impedir su ingreso.
De acuerdo con el comunicado emitido por la SAE, todo ocurrió en presencia del Inspector de Policía, Personero y Policía de Rotinet.
“Una de las personas de esta fundación, aseguró de manera reiterada que el predio en cuestión estaba bajo su posesión, asegurando además que tiene títulos mineros e indicando falsamente que hasta que el juez de extinción de dominio no falle de fondo, puede permanecer en ellos y ser su dueño”, señaló inicialmente el escrito.
Sin embargo, más adelante detalló: “Esta misma persona amenaza a la gerente Regional Norte prohibiéndole la entrada al inmueble afirmando: no respondo si esto se convierte en un Cauca e indicando que tenía a tres hombres armados en el interior el predio”.
Según el mismo informe, la denuncia que hacen pública ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, puesto que incluso se supo que algunos de los campesinos que lideran el proceso de entrega del predio a la comunidad están siendo víctimas de amenazas por vía telefónica.