Investigan al presidente de los conservadores y a otros siete congresistas

Aunque no hubo ninguna denuncia ni queja disciplinaria de por medio, el procurador general Fernando Carrillo firmó varias resoluciones en las que, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra cuatro congresistas. La decisión la adoptó de oficio, y en buena parte después de tener conocimiento de presuntas conductas irregulares de parte de los parlamentarios afectados con esta medida.

La primera investigación ordenada por Carrillo vincula al actual presidente del Partido Conservador, el senador Hernán Andrade, por el caso del cartel de la toga. Por este mismo episodio también se ordenó investigar al senador liberal Álvaro Ashton y al senador del partido de La U Musa Besaile, hoy detenido.

Los otros dos congresistas que deberán afrontar un proceso disciplinario en la Procuraduría son Antonio Guerra de la Espriella, senador de Cambio Radical, por el caso de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht; dentro del mismo escándalo también aparece con apertura el exsenador Plinio Olano. La Procuraduría también procede a investigar a la representante a la Cámara Tatiana Cabello, del Centro Democrático, quien fue denunciada por las directivas de su propio partido por presuntamente haber pedido una parte del salario a una de sus empleadas en la unidad de trabajo legislativo a su cargo. 

El Ministeiro Público también inició acciones investigativas en contra de la senadora Yamina del Carmen Pestana Rojas por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña 2014–2018. Ella obtuvo la quinta votación más alta del Partido Conservador en el país, con 85.000 sufragios.  

Andrade, el jefe conservador  

El senador Hernán Andrade es el actual presidente del Directorio Nacional, la máxima autoridad del Partido Conservador. Su nombre aparece relacionado en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia porque fue cliente de Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción, y su proceso habría sido uno en los que medió el pago para evitar una decisión desfavorable en su contra. En esos términos por lo menos se refiere el abogado Leonardo Pinilla en las grabaciones que entregó la DEA a Colombia.

Andrade estuvo investigado por la corte desde mediados del 2008 cuando se le abrió un proceso por haber recibido 250 millones de pesos en efectivo que provenían del desfalco a Cajanal. Años más tarde la corte consideró que se trataba de un préstamo y se abstuvo de procesarlo por falsedad, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Andrade es uno de los senadores de mayor jerarquía del partido. Ocupa una curul en la Comisión Primera del Senado, donde suelen tener asiento los congresistas más influyentes del parlamento. Ha sido un aliado incondicional del Gobierno en los proyectos de la paz, y también ha sido relacionado con cuotas burocráticas. Nacido en Neiva, es un veterano del Congreso. Allí llegó como representante a la Cámara durante el Gobierno conservador de Andrés Pastrana. Es senador desde el 2002, por lo que va a completar cuatro periodos consecutivos. Hizo parte de la coalición uribista y luego de la santista. Nunca ha estado en el oasis de la oposición.

El pasado 18 de agosto, la Procuraduría había ordenado indagación preliminar contra Andrade, y el 4 de octubre recibió de la Corte Suprema la información de que sobre el presidente del Partido Conservador ya cursaba una investigación preliminar por los presuntos hechos de corrupción y soborno a magistrados de la corte.

Parte de las pruebas trasladadas por la Procuraduría hacen parte de las diligencias que se han adelantado en la Corte Suprema y en la propia Procuraduría contra el senador Musa Besaile.

En la apertura de investigación, el procurador Fernando Carrillo ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la revisión del expediente que cursa en la Corte Suprema contra el senador Andrade.

También ordenó practicar diligencia de declaración al abogado Luis Gustavo Moreno, principal testigo de este escándalo, para que informe al Ministerio Público todo lo que le conste respecto a pagos de dinero por parte de congresistas con el fin de beneficiarse de actuaciones en la Corte Suprema. La Procuraduría ordenó inspección a los procesos que se adelantan en la Comisión de Acusaciones contra el exmagistrado Leonidas Bustos y el magistrado Gustavo Enrique Malo. El senador Andrade, si lo estima conveniente, podrá rendir versión libre.

Álvaro Ashton

El nombre del senador liberal Álvaro Ashton también aparece mencionado en las interceptaciones que la justicia de los Estados Unidos hizo al exgobernador Alejandro Lyons con Leonardo Pinilla. 

Allí se relaciona como uno de los congresistas que presuntamente pagó sobornos para verse beneficiado de decisiones judiciales. Actualmente, en contra de Ashton se abrió una investigación formal con llamado a indagatoria por el delito de cohecho, y está pendiente de resolverse su situación jurídica.

Actualmente, el alto tribunal también se alista para tomar decisiones definitivas respecto de su proceso por parapolítica, sobre el cual precisamente se habrían dado los pagos ilegales por $600 millones de pesos. 

En este caso, la Procuraduría recibirá los testimonios del propio Luis Gustavo Moreno, el del exgobernador Alejandro Lyons, y de José Reyes Rodríguez, exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien desde Guatemala salpicó al senador del Partido Liberal.

Guerra por Odebrecht

En el caso de Antonio Guerra de la Espriella, senador de Cambio Radical, la investigación que abrió la Procuraduría tiene relación con otro escándalo de corrupción, el de los sobornos pagados en Colombia por la multinacional brasileña Odebrecht para hacerse con contratos de obras de infraestructura en el país.

Este caso ya tiene a un senador detenido, Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, y de  cuyo expediente se han desprendido nuevas investigaciones, como este caso.

A Guerra de la Espriella lo compromete el testimonio que el excongresista Otto Bula entregó a la Corte Suprema de Justicia y que da cuenta de que al parecer el senador de Cambio Radical habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por una posible gestión para la consecución de los recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña – Gamarra, es decir el otrosí al contrato de concesión de la Ruta del Sol II.  

El del empresario representante de la firma SION Gabriel Dumar Lora, también ante la Corte, es otro testimonio que compromete al senador sucreño. El testigo señaló que al parecer el senador Guerra habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por las presuntas gestiones realizadas para la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica que posiblemente beneficiaría a la firma mencionada.

También es objeto de indagación para la Procuraduría el presunto lobby ante la Superintendencia Financiera realizado por el senador Guerra de la Espriella para conseguir beneficios de la firma Odebrecht.  

Para la Procuraduría, esos hechos podrían ser irregulares teniendo en cuenta que al parecer el senador Antonio Guerra de la Espriella pudo haber recibido dineros de la empresa Odebrecht por presuntas gestiones que él realizó ante diferentes entidades estatales para beneficiar la firma brasileña.

En el auto de apertura de investigación, la Procuraduría ordena practicar varias pruebas. Desde revisar las visitas del senador Guerra a las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura desde el 2012 hasta el 2016, a la Superintendencia Financiera, a las instalaciones de Odebrecht en Bogotá, y al Ministerio de Hacienda.

También se ordenó practicar declaración juramentada del abogado Gabriel Dumar Lora, y revisar el chat de Otto Bula, prueba que se encuentra dentro del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el Ñoño Elías. Así mismo la Procuraduría ordenó la revisión de las finanzas del senador Guerra y de sus parientes entre el 2012 y 2017.

Cabello ¿engavetó?

El caso de la representante Tatiana Cabello, del Centro Democrático, será investigado por la denuncia de la señora Lina García, integrante del equipo de trabajo de la congresista, quien denunció que la representante le cobraba parte del sueldo como condición para seguir trabajando. Por estos hecho hay una denuncia penal en la Fiscalía.

La Procuraduría también investigará a Cabello por presuntamente haber “engavetado” un proyecto de ley del cual debía ser ponente, pero que sistemáticamente se opuso a rendir ponencia. Según testimonios que hoy reposan en la Fiscalía, la congresista habría recibido dineros para no darle trámite al proyecto.

Se trata de una iniciativa que reformaba la ley que obligaba a todos los vigilantes de seguridad privada del país a practicarse una prueba psicológica, que por las condiciones impuestas solo podía practicarse en tres instituciones.

“Se indica que la representante Cabello fue ponente de la reforma en la Cámara y recibió serios cuestionamientos cuando renunció a esa responsabilidad, lo que ha dilatado el cambio normativo. Este ya fue aprobado por el Senado y abre el mercado para que esas pruebas se puedan realizar en cualquier entidad que cumpla con las condiciones profesionales”, según el auto de la Procuraduría.

Para esta investigación la Procuraduría ordenó inspección en la Cámara de Representantes a todas las gestiones de la representante Cabello relacionadas con el proyecto de ley en mención.

También citó a Lina García para que ratifique su testimonio ante el Ministerio Público, al igual que a las personas que han trabajado en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Cabello, quien fue denunciada por su propio partido.