NACIÓN
Procuraduría abre investigación a representantes legales de Medimás y a miembros de su junta directiva
El ministerio público empezó la indagación en contra de Néstor Orlando Arenas Fonseca y Hernán Alfonso Briceño por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud. Otros seis directivos también son investigados.
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en la mañana de este viernes la apertura de una nueva investigación disciplinaria en el caso Medimás. Esta vez ocho son los sujetos que están bajo la lupa.
A Néstor Orlando Arenas Fonseca, representante legal de Medimás, y su antecesor Hernán Alfonso Briceño se les abrió un proceso por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud.
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Las investigaciones, que están relacionadas con inconsistencias contables y financieras, también vinculan a los miembros de la junta directiva de la EPS, Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
Así mismo, se investiga si Medimás podría haber utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para el pago de gastos administrativos, algunos de los cuales no tendrían sustento legal como millonarias bonificaciones y honorarios. Otros gastos inexplicados habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados.
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Dentro del proceso también se encuentran hallazgos relacionados con el presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas, y el pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.
La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas y escuchará en versión libre a los investigados si ellos así lo solicitan.
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La contraloría y el ministerio público avanzan de la mano en el seguimiento al caso de Medimás, en donde hacen énfasis en la vigilancia sobre el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la revisión de los informes entregados por el contralor designado por la Superintendencia Nacional de Salud, según los cuales la EPS presenta un patrimonio negativo, estimado en menos 178 mil millones de pesos.
