Otro lío más para políticos salpicados

En la tarde del martes 7 de noviembre el procurador general, Fernando Carrillo, convocó a una rueda de prensa, algo que hace pocas veces. Pero tenía una buena razón, pues hizo un anuncio que se convirtió en la bomba política de la semana: la apertura de investigaciones disciplinarias contra ocho congresistas de varios partidos.

La primera vincula al actual presidente del Partido Conservador, el senador Hernán Andrade, por el caso del cartel de la toga. Por este mismo episodio también ordenó investigar al senador liberal Álvaro Ashton y al senador del Partido de la U Musa Besaile, hoy detenido.

También deberán afrontar un proceso disciplinario en la Procuraduría los congresistas Antonio Guerra de la Espriella, senador de Cambio Radical, por el caso de los sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Dentro del mismo escándalo también aparece el exsenador Plinio Olano. La Procuraduría igualmente anunció la investigación contra la representante a la Cámara Tatiana Cabello, del Centro Democrático, denunciada por las directivas de su propio partido por presuntamente haber pedido una parte del salario a una de sus empleadas en la Unidad de Trabajo Legislativo a su cargo.

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El Ministerio Público también inició acciones investigativas contra la senadora Yamina del Carmen Pestana Rojas, por el presunto desvío de 7.000 millones de pesos de la EPS indígena Manexca a su campaña 2014-2018. Ella obtuvo la quinta votación más alta del Partido Conservador en el país, con 85.000 sufragios.

Uno de los casos más llamativos es el de Andrade por su actual cargo de presidente del Directorio Nacional, la máxima autoridad del Partido Conservador. Su nombre aparece relacionado en el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia porque tuvo de abogado a Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción, y en su proceso se habrían pagado coimas para evitar una decisión desfavorable en su contra. Todo ello según lo que dice el hoy detenido abogado Leonardo Pinilla en las grabaciones que entregó la DEA a Colombia.

La corte investigó a Andrade desde mediados de 2008 cuando le abrió un proceso por supuestamente haber recibido 250 millones de pesos en efectivo que provenían del desfalco a Cajanal. Años más tarde, la corte consideró que se trataba de un préstamo y se abstuvo de procesarlo por falsedad, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

El pasado 18 de agosto, la Procuraduría había ordenado adelantarle una indagación preliminar a Andrade, y el 4 de octubre la Corte Suprema le informó que sobre el presidente del Partido Conservador ya cursaba una investigación preliminar por los presuntos hechos de corrupción y soborno a magistrados de la corte.

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Algunas de las pruebas trasladadas por la Procuraduría hacen parte de las diligencias adelantadas en la Corte Suprema y en la propia Procuraduría contra el senador Musa Besaile. En la apertura de investigación, el procurador Carrillo ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la revisión del expediente que cursa en la Corte Suprema contra el senador Andrade.

Asimismo, ordenó practicar diligencia de declaración al abogado Luis Gustavo Moreno, principal testigo de este escándalo, para que informe al Ministerio Público lo que le conste respecto a pagos de dinero de congresistas con el fin de beneficiarse de actuaciones en la Corte Suprema. La Procuraduría ordenó inspeccionar los procesos que se adelantan en la Comisión de Acusación contra el exmagistrado Leonidas Bustos y el magistrado Gustavo Enrique Malo. El senador Andrade, si lo estima conveniente, podrá rendir versión libre.

La Procuraduría además investiga a Álvaro Ashton. El nombre del senador liberal también aparece mencionado en las conversaciones que la Justicia de Estados Unidos le interceptó al exgobernador Alejandro Lyons con Leonardo Pinilla. Allí lo mencionan como uno de los congresistas que presuntamente pagaron sobornos para obtener decisiones judiciales favorables. Actualmente, la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Ashton con llamado a indagatoria por el delito de cohecho, y está pendiente de resolver su situación jurídica. El alto tribunal también se alista para tomar decisiones definitivas en su proceso por parapolítica, sobre el cual precisamente se habrían dado los pagos ilegales por 600 millones de pesos.

En este caso, la Procuraduría recibirá los testimonios del propio Luis Gustavo Moreno, el del exgobernador Alejandro Lyons y el de José Reyes Rodríguez, exmagistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien desde Guatemala salpicó al senador del Partido Liberal.

En el caso de Antonio Guerra de la Espriella, senador de Cambio Radical, la investigación de la Procuraduría se relaciona con otro escándalo de corrupción: el de los sobornos pagados en Colombia por la multinacional brasileña Odebrecht para ganar contratos de obras de infraestructura en el país. Ese caso ya tiene a un senador detenido, Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, de cuyo expediente se han desprendido nuevas investigaciones, como este caso.

A Guerra de la Espriella lo compromete el testimonio que el excongresista Otto Bula entregó a la Corte Suprema de Justicia, según el cual al parecer el senador de Cambio Radical habría recibido dineros de la empresa Odebrecht a cambio de una posible gestión para conseguir los recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña-Gamarra, es decir, el otrosí al contrato de concesión de la Ruta del Sol II. Del mismo modo compromete al senador sucreño el testimonio del empresario representante de la firma Sion, Gabriel Dumar Lora, también ante la corte. El testigo señaló que al parecer el senador Guerra habría recibido dineros de la empresa Odebrecht por las presuntas gestiones realizadas para suscribir un contrato de estabilidad jurídica que posiblemente beneficiaría a la firma mencionada. También la Procuraduría investiga el presunto lobby ante la Superintendencia Financiera realizado por el senador Guerra de la Espriella para conseguir beneficios de la firma Odebrecht.

Para el Ministerio Público esos hechos podrían constituir irregularidades, teniendo en cuenta que al parecer el senador Guerra de la Espriella pudo haber recibido dineros de la empresa Odebrecht por presuntas gestiones que habría realizado ante diferentes entidades estatales para beneficiar la firma brasileña.

En el auto de apertura de investigación la Procuraduría ordena practicar varias pruebas. Estas incluyen revisar las visitas del senador Guerra a las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura desde 2012 hasta 2016, a la Superintendencia Financiera, a las instalaciones de Odebrecht en Bogotá y al Ministerio de Hacienda.

También ordenó recibir declaración juramentada al abogado Dumar Lora y revisar el chat de Otto Bula, prueba que se encuentra dentro del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el Ñoño Elías. Así mismo, la Procuraduría ordenó revisar las finanzas del senador Guerra y de sus parientes entre 2012 y 2017.

El caso de la representante Tatiana Cabello, del Centro Democrático, tiene que ver con la denuncia de la señora Lina García, integrante del equipo de trabajo de la congresista, quien afirmó que la representante le cobraba parte del sueldo como condición para seguir trabajando. Por estos hechos hay una denuncia penal en la Fiscalía.

La Procuraduría también investigará a Cabello por presuntamente haber “engavetado” sistemáticamente un proyecto de ley del cual debía ser ponente. Según testimonios que hoy reposan en la Fiscalía, la congresista habría recibido dineros para no darle trámite a esa iniciativa, que reformaba la ley que obligaba a los vigilantes de seguridad privada a practicarse una prueba psicológica, e imponía unas condiciones tales que solo tres empresas del país la podían realizar.

“Se indica que la representante Cabello fue ponente de la reforma en la Cámara y recibió serios cuestionamientos cuando renunció a esa responsabilidad, lo que ha dilatado el cambio normativo. Este ya fue aprobado por el Senado y abre el mercado para que esas pruebas se puedan realizar en cualquier entidad que cumpla con las condiciones profesionales”, afirma el auto de la Procuraduría. Para esta investigación el Ministerio Público ordenó revisar todas las gestiones de la representante Cabello relacionadas con el proyecto de ley en mención. También citó a Lina García para ratificar su testimonio, al igual que a las personas que han trabajado en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Cabello, denunciada por su propio partido.

Más de la mitad de los mencionados por Carrillo tienen procesos en la Corte Suprema y algunos en la Fiscalía. Por ahora, lo cierto del caso es que con el anuncio de la semana pasada a todos los vinculados se les abre un nuevo frente que les complica su situación.