La mala hora de Mauricio Lizcano

El expresidente del Congreso Mauricio Lizcano no recordará con agrado la fecha del 27 de noviembre. Ese día, con la firma del procurador general, Fernando Carrillo, el Ministerio Público emitió dos documentos en los que anunciaba la apertura de igual número de investigaciones contra el senador.

La primera, de carácter preliminar, tiene que ver con el escándalo en la Corte Suprema de Justicia conocido como el cartel de la toga. En una de las más recientes declaraciones del capturado Gustavo Moreno, este mencionó a un gran número de congresistas que supuestamente habrían accedido a millonarios pagos a cambio de beneficios judiciales. Entre ellos aparece el nombre de Lizcano. Por esta razón, la Procuraduría ordenó practicar una serie de pruebas para determinar la veracidad de lo que afirmó el ex fiscal anticorrupción.

El otro caso es un poco más complejo y va más avanzado. Se trata de la apertura formal de una investigación disciplinaria relacionada con tres lotes de tierra adquiridos en 2012 por Lizcano y su padre, Óscar Tulio, en el municipio de Quinchía, Risaralda.

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Las presuntas irregularidades en la adquisición de los predios Sausagua, Guamerú y Lote Sausagua, reclamados por víctimas de despojo, llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación por “posibles irregularidades en el sistema de gestión de recursos y contratación utilizado por el gobierno nacional para la estructuración y demás etapas del proyecto de las Autopistas de la Montaña”.

El origen del caso, que podría varar la realización del proyecto destinado a unir el Eje Cafetero con el Pacífico, se remonta a 1996, cuando la señora Blanca Ofelia Correa compró tres lotes de terreno al señor Gustavo Alberto Silvia. Entre ellos, el de Guamerú, gravado con una hipoteca abierta a favor de la compañía Danasay Ltda. y garantizada con ocho pagarés firmados por la mujer.

Un año después, alguien se llevó secuestrados a Blanca y su compañero, Juan Fernando Acosta, y con el tiempo un juez los declaró muertos por desaparición. Ante las nuevas circunstancias, la sociedad MH Pineda y Cía.  interpuso una demanda con la que logró recuperar el predio Guamerú y posteriormente, Sausagua y Lote Sausagua, argumentando que los occisos no los habían pagado en su totalidad. Y después, el senador Lizcano Arango y su padre adquirieron los predios.

Tiempo después, los herederos de la pareja presentaron una solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Pereira. En su momento, la noticia de la desaparición de Blanca Correa y su marido, en una zona plagada de actores armados, salió por todos los medios. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de los demandantes al considerar que la empresa acreedora que obtuvo el dominio de las tierras no aprovechó la situación de violencia. En respuesta, los demandantes, respaldados por la URT, interpusieron un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que se encuentra pendiente de fallo.

Sin embargo, la Procuraduría ordenó la investigación contra el senador por varios hechos relacionados con la forma como los Lizcano compraron los predios, que podrían frenar el desarrollo del proyecto considerado en su momento como el ‘despegue’ de las autopistas de cuarta generación.

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El primero es “la dificultad para probar la buena fe de los señores Lizcano”, pues por su arraigo regional ellos tendrían un conocimiento íntimo de la situación y porque la noticia del secuestro de Blanca Correa y de su marido tuvo amplio despliegue en los medios.

Aunque el Ministerio Público ha sido claro en afirmar que no tiene pruebas de que la familia Lizcano haya participado en los hechos de violencia, sí estima que pudo activarse “una cadena de actuaciones públicas y privadas que pudieron llevar al despojo de bienes”. Por este motivo, solicitó también a la Fiscalía abrir una investigación respecto a posibles delitos cometidos en el marco del traslado de tierras, en los que pudieron haber participado jueces y empresas privadas encargadas de las transacciones. Incluso, la Procuraduría contempla la posibilidad de recurrir al artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, que permite declarar la nulidad de sentencias y cancelar los antecedentes  del registro de tierras objeto de despojo.

El segundo aspecto del caso es quizá el más grave que indaga el Ministerio Público. Tiene que ver con el hecho de que el senador se haya podido beneficiar de información privilegiada para adquirir estos terrenos a precios muy por debajo de su valor, poco antes de su revalorización como parte del proyecto conocido como Conexión Pacífico 3. En agosto de 2011 -advierte la Procuraduría-, “ISA presentó su Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Fase II Factibilidad”, de carácter reservado, en el que quedaron incluidos los tres predios como esenciales para la obra. A la Procuraduría le llama la atención que el político adquirió esos lotes cinco meses después por menos de la mitad de su avalúo comercial.

Aunque el proyecto original se liquidó y terminó debido a un problema relacionado con las condiciones de bancabilidad y de la tasa interna de retorno, al menos uno de los predios quedó previsto para enajenación voluntaria en la autopista “con el fin de permitir la intervención de los taludes completos para la segunda calzada”, precisó el Ministerio Público.

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En caso de confirmarse esto último, los responsables habrían violado información confidencial y se habrían aprovechado indebidamente de la misma para proyectos personales que podrían poner en entredicho la viabilidad de ese tramo de las Autopistas de la Montaña.

La Procuraduría “reconoce que es cierto que el proyecto vial de infraestructura conlleva un interés público, nacional y estratégico, y que las áreas necesarias para su intervención deben ser entregadas y transferidas lo antes posible a nombre de la Nación”. Pero advierte que “el proceso de restitución de tierras hace parte del marco de la justicia transicional y contempla una finalidad superior dirigida a lograr la reparación integral y efectiva de las víctimas”, como dice el documento de ese organismo disciplinario. Por ello, además, solicitó a la Corte Suprema acelerar las investigaciones contra el senador Óscar Mauricio Lizcano, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de restitución de tierras relacionados en esa advertencia.

La defensa

En su momento, el senador Lizcano, cuando se anunció la investigación preliminar, dijo: “Lo primero es que sobre esas tierras nunca ha existido despojo. Lo que pasó fue que una persona que tenía una deuda no la pagó y un juez de la república se la remató. Si hubo un despojo, fue judicial. Las víctimas demandaron al juez y un juez de Antioquia declaró que el remate estaba bien hecho e incluso dijo que no existió nunca despojo. Y luego pusieron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia que también se negó. Nosotros no teníamos por qué enterarnos de lo que sucedió en 1996. Yo no vivía en Colombia, mis papás no tenían por qué saber, si no, no habríamos comprado. ¿A quién le interesa tener un chicharrón así? Eso está demostrado en el proceso de restitución de tierras”, explicó. 

“Ni nosotros podemos vender el predio, ni el gobierno lo puede comprar. La Ley de Tierras dice que esos terrenos en disputa no pueden ser vendidos ni comprados y nosotros no tenemos interés en hacerlo y no estamos negociando con la ANI. Lo único que está haciendo la ANI es notificar a los dueños del predio que van a una expropiación administrativa. Ellos lo que quieren es ampliar la vía 10 metros a la derecha. Pero nosotros no podemos negociar esa tierra”, afirmó el senador sobre el señalamiento del presunto acceso a información privilegiada para posteriormente negociar los terrenos con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

 “Se trata de una carretera que lleva 40 años pasando por allí, no es un trazado nuevo. La finca de al lado, que pasa por la misma vía, es de mi abuelo que ya falleció. O sea que la heredó mi mamá. Si nosotros hubiéramos querido tener un lote, no habríamos necesitado otra finca, porque la de al lado es nuestra desde hace más de 100 años. La finca de mi abuelo es de 16 hectáreas, la que nosotros compramos es de más o menos 68 hectáreas, son pequeños terrenos.  Como era muy chiquita la finca, nos costaba muy caro mantenerla. Por eso, decidimos comprar el otro lado a una inmobiliaria, al precio del mercado”, dijo el senador al explicar las razones de la compra.

Si bien Lizcano afirma tener cómo explicar todas sus actuaciones y las de su familia, la resolución de la semana pasada muestra que la Procuraduría cree otra cosa muy diferente. Lo cierto del caso es que este tema más su vinculación a las pesquisas del Ministerio Público sobre su presencia en el escándalo de la toga, sin duda, tienen al expresidente del Congreso en un muy mal rato.