Procuraduría abrió indagación previa por presuntas irregularidades en contrato para construcción de 36 casas fiscales

La Procuraduría General de la Nación ordenó recientemente abrir una indagación previa contra funcionarios por determinar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades encontradas en dos contratos firmados entre la entidad y el Ejército Nacional que tenía por objeto la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.

En ese sentido, la Regional de Instrucción de Cundinamarca recibió información sobre una posible pérdida de recursos, producto de la suspensión de las labores de construcción de 36 casas que debían ser entregadas dentro de los nueves meses siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.

Del mismo modo, el Ministerio Público sostuvo que, al parecer, las obras se suspendieron en agosto, los negocios jurídicos se vencieron y no hay claridad sobre la utilización de los anticipos hechos en 2019 y 2021 por más de $2.000 millones, situación por la que se cobraron multas e iniciaron procesos sancionatorios por incumplimientos parciales.

La actuación disciplinaria que inició la Entidad busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Procuraduría denuncia problemas de salud en población desplazada en Tierralta, Córdoba

Continúa la preocupación por el desplazamiento de cerca de 4.000 personas desde la vereda Bocas del Manso, donde los soldados han estado intimidando a la población, y zonas cercanas al casco urbano de Tierralta, Córdoba.

Ante esta situación, la Procuraduría General de la República alertó sobre la grave situación que vive la zona, especialmente en lo que respecta a la salud de quienes fueron víctimas de este desplazamiento masivo.

Según el departamento y, en particular, los miembros de la comisión enviada a esta zona, hay brotes de malaria, varicela y un alto riesgo de infección por tuberculosis.

El desplazamiento aparentemente se debe a una presunta persecución por parte de grupos al margen de la ley, por lo que hacen un llamado a las autoridades nacionales y locales a tomar acciones urgentes para resolver esta situación y así evitar mayor riesgo para estas comunidades.

Según detalla el Ministerio Público, en el sector hay 32 casos de malaria confirmados y otros cuatro de varicela. “También se registran casos de tuberculosis y, según los médicos de las organizaciones humanitarias que presentan servicio en el lugar, se presenta alto riesgo de contagio masivo”, destaca la entidad.

El informe muestra que esto aumenta las dificultades puesto que han detectado “difíciles condiciones de salubridad como que el municipio solo cuenta con tres baterías sanitarias para atender las necesidades de toda la población desplazada, hay escasez de agua potable, medicamentos y alimentos”.

La Defensoría del Pueblo también emitió una alerta sobre la situación actual. El titular de esta organización, Carlos Camargo Assis, pidió al Gobierno nacional coordinar esfuerzos interdepartamentales para brindar asistencia a las familias afectadas. También llamó a las autoridades nacionales y departamentales a investigar la situación ya que el municipio había excedido su capacidad de respuesta a la crisis.