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EPM, a dar explicaciones en la Procuraduría por Hidroituango
El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra una decena de funcionarios para establecer su presunta responsabilidad en los incidentes del proyecto Hidroituango.
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“Formalmente hemos abierto una investigación disciplinaria contra los miembros de la junta directiva de la empresa (EPM), algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -Anla- y algunos ejecutivos de dicha empresa”. Este contundente anuncio fue realizado la noche del pasado lunes 11 de febrero por el Procurador General, Fernando Carrillo. Se trata de una fuerte decisión del Ministerio Público frente a uno de los temas más polémicos y que ha ocupado la atención del país en los últimos meses: el proyecto de Hidroituango.
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“La magnitud del daño general en términos ambientales, económicos y sociales ameritaría, para el gobierno nacional, la declaratoria de emergencia ambiental. Un paquete de medidas que solo podrían ponerse en marcha con la restitución de derechos económicos sociales y ambientales mediante medidas extraordinarias”, afirmó Carrillo.
Con esta determinación la Procuraduría arranca la práctica de pruebas con el fin de establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la gestión de vigilancia y control del proyecto, y la toma e implementación de decisiones dentro de la gestión y atención de la contingencia que se presenta desde 2018, y que se ha agudizado en los últimos días. SEMANA estableció quiénes hacen parte de ese listado.
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Los primeros serán el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Zuluaga. Le siguen el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el exalcalde de esa ciudad, Aníbal Gaviria Correa. También están el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Rodrigo Suárez Castaño, y los subdirectores de Evaluación y Seguimiento de esa entidad, Josefina Helena Sánchez Cuervo, y de Permisos y Trámites Ambientales, Carlos Alonso Rodríguez Pardo.
La decisión adoptada por la Procuraduría, también incluye al gerente de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta y al exgerente, Juan Esteban Calle Restrepo. De igual forma deberán acudir el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango, Mauricio Tobón Franco; el vicepresidente Estratégico de Proyectos de Ingeniería y miembro de la junta directiva, Wilson Chinchilla Herrera.
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Con estas medidas la Procuraduría toma la delantera en lo que tiene que ver con determinar los posibles responsables de los muchos califican como una de las peores catástrofes ambientales de los últimos años.
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