Procuraduría abrió investigación preliminar contra Rodolfo Hernández

La Procuraduría General abrió investigación preliminar en contra del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Suárez por las presuntas irregularidades en la expedición del Decreto 0021 del 3 de marzo 2016 por medio del cual se modificó y ajustó el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para algunos empleos de la Planta de Personal del Municipio de Bucaramanga.

En la apertura de la indagación, la cual les será notificada a todas las partes en los próximos días, se señala que estas modificaciones se habrían adelantado sin un estudio previo para demostrar su justificación o sustento. Debido a esto se advierte que el mandatario (2016-2019) habría incurrido en una falta disciplinaria.

En uno de los sustentos de la investigación preliminar publicada por el periódico Vanguardia se manifiesta que el órgano de control disciplinario “buscará establecer las razones del aparente incumplimiento por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al actualizar y modificar el manual de funciones y competencias laborales sin un estudio previo por parte de la Unidad de Personal que demostrara su necesidad”.

Debido a que es preliminar, la defensa de Hernández podrá presentar y allegar sus pruebas y recursos. Con esto, la Procuraduría General definirá si existen o no méritos para abrirle una investigación formal al exalcalde de la capital santandereana, lo que podría terminar incluso en un juicio disciplinario.

Por el momento no se conoce un pronunciamiento de Rodolfo Hernández, quien adelanta su campaña a la Presidencia de la República, sobre estos hechos. El empresario e ingeniero de profesión tiene en su haber una serie de investigaciones disciplinarias por acciones que ejecutó durante su mandato.

Tal vez la más recordada es la sanción que se le impuso la Procuraduría General por golpear el 28 de noviembre de 2018 al entonces concejal Jhon Claro cuando, en medio de una entrevista, lo cuestionaba por sus malos manejos y actitud reprochable con los funcionarios.

En la decisión de la Procuraduría, se ordenó que Hernández estuviera por ocho meses por fuera del cargo. En 2019, igualmente, el entonces alcalde fue sancionado por sus comentarios ofensivos e irrespetuosos en contra de un funcionario de su administración.

El caso Vitalogic

En el año 2019, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a Rodolfo Hernández por presuntamente ejercer una presión indebida para beneficiar con contratos a la empresa Vitalogic RSU. En el pliego de cargos se indica que el entonces alcalde habría buscado la forma de direccionar el proceso de licitación para la entrega del contrato que tenía como objetivo una asesoría legal para la selección para el tratamiento, transformación y disposición de las basuras en el área metropolitana de la capital de Santander”.

En el pliego de cargos se mencionan varias pruebas documentales y testimoniales que señalan a Hernández y varios integrantes de su familia de fijar el pago de comisiones para la celebración del contrato que se anunció en el año 2017 en medio de la crisis por el relleno sanitario El Carrasco.

Por estos mismos hechos enfrenta un proceso penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En la acusación celebrada el pasado 16 de mayo la Fiscalía General advirtió que Hernández habría intervenido para direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo con el material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.

Por las irregularidades en el contrato que tenía un valor de 366 millones de pesos también fueron acusados por los delitos de falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos de los exfuncionarios de EMAB: José Manuel Barrera, exgerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, exdirector jurídico; Abelardo Durán Leiva, exsubgerente técnico y operativo; Abigail León, exsubdirectora administrativa y financiera, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.