Procuraduría abrió investigaciones disciplinarias a funcionarios en Medellín; habría irregularidades en contrataciones públicas

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), abrió tres investigaciones, todas en la capital de Antioquia, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Cada una de estas involucra a trabajadores de una empresa industrial y comercial del Estado, un hospital y la Secretaría de Educación de Medellín.

La primera investigación que se abrió fue contra la secretaria de infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y contra el Gerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las reglas y requisitos fijados para la invitación privada en la contratación adelantada por Metroparques con la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S. dedicada a la silvicultura (gestión de bosques) y otras actividades forestales.

De igual manera, el máximo organismo del Ministerio Público abrió una investigación contra Mario Fernando Córdoba Pérez, director del Hospital General de Medellín Luis Castro de Gutiérrez E.S.E., y contra Erika María Pino García, en calidad de supervisora y directora de apoyo logístico.

Ambos por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de bienes para la prestación de un servicio contratado que hacían parte de las obligaciones del contratista Corporación Ser Colombia, cuyo objeto consistió en la prestación de servicios de alimentación.

Por último, el ente de control también inició investigación contra Lina María Gil Zapata, en calidad de directora técnica del Programa “Buen Comienzo”, adscrita a la Secretaría de Educación de Medellín, quien en 2020 participó en la etapa precontractual del proceso cuyo objeto era la prestación de servicios para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes. Al parecer, la funcionaria pública desconoció la modalidad de contratación por medio de la cual se debió escoger al contratista.

Entre tanto, también en la región antioqueña, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a Fernando León Diez Cardona, exrepresentante legal de dos uniones temporales, por el presunto desvío de al menos $20 mil millones del anticipo recibido para la ejecución de obras viales en Armenia, Quindío.

Al parecer, el investigado habría entregado el dinero a personas ajenas al desarrollo de los trabajos, que consistían en ajustar los diseños y construir o adecuar algunas vías de la ciudad, como la intersección de Los Kioscos, las avenidas Centenario y Occidente tramo III y la vía Montecarlo tramo II, entre otras.

Para la ejecución de los mencionados trabajos, la administración municipal suscribió dos contratos por $110 mil millones con las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia, cuyo representante legal era Diez Cardona, por lo que para su inicio entregó como anticipo un poco más de $33 mil millones.

Los encargados de representar a los ciudadanos ante el Estado, señalaron que, presuntamente, el investigado habría quebrantado su deber de destinar los recursos recibidos para cubrir los gastos de las obras y, en lugar de ello, aparentemente “se apropió de parte de los recursos a él confiados en beneficio de terceros, Io cual se ha acreditado con los medios de prueba autorizados legalmente a partir de la propia declaración del disciplinado”, según lo establecido en el Código Único Disciplinario.

Igualmente, la Procuraduría precisó que al tratarse de un particular, Diez Cardona es objeto del control disciplinario por haber recibido y administrado recursos públicos, que serían los anticipos destinados para iniciar los trabajos.

En vista de todo lo anterior, el órgano de control calificó la presunta conducta del acusado como: “Una falta gravísima cometida a título de dolo (deliberado o con intencionalidad)”.