Procuraduría absolvió a la junta directiva del Banco Agrario por caso Odebrecht

La Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de absolver a la junta directiva del Banco Agrario por las presuntas irregularidades en la autorización de un millonario préstamo que tenía como beneficiario al consorcio Navelena, del Grupo Odebrecht, todo para el proyecto de navegación del río Magdalena.

Cabe recordar que en una primera instancia la junta directiva, el presidente y vicepresidentas del Banco Agrario fueron sancionados y multados por la Procuraduría en julio de 2019, tras hallarlos responsables por ese escándalo de Odebrecht de la multinacional brasileña.

Pero ahora en segunda instancia el Ministerio Público los absolvió luego de que la defensa de los investigados disciplinariamente apeló la decisión que en un principio los afectaba. Los beneficiados con la decisión son:

Andrés Escobar Arango, delegado del Ministerio Hacienda

César Pardo Villalba, junta directiva (independiente)

Francisco Estupiñán Heredia, junta directiva (independiente)

Juan Luis Hernández, delegado del Gobierno nacional

Luis Fernando Mejía, representante de los accionistas

Arturo Adolfo Daju, delegado Ministerio de Agricultura

Luis Eduardo Gómez, representante de los accionistas

En medio de las indagaciones, la Procuraduría estableció que los integrantes de la junta directiva del Banco Agrario no tuvieron conocimiento o no estaba bajo su responsabilidad la verificación de la ética del cliente (consorcio Navelena) a la hora de otorgar el crédito de 120.000 millones de pesos.

“La sala advierte que no comparte las consideraciones de la primera instancia referentes a que la junta directiva debía lograr un verdadero conocimiento del cliente y revisar su ética, honestidad, responsabilidad, seriedad, profesionalismo, aspectos que como el mismo manual señala son importantes al momento de establecer relaciones comerciales entre el cliente y el banco”, se lee en la decisión de 96 páginas que absuelve a la junta directiva del Banco Agrario.

La segunda instancia de la Procuraduría advierte, en contravía de la primera decisión, que no era la función de la junta directiva verificar el riesgo a la hora de autorizar el préstamo, pues ese estudio lo debieron adelantar quienes estaban al frente del millonario crédito.

“En ese orden de ideas, habiendo hecho la claridad de que no es función de la junta directiva estudiar el riesgo reputación de los clientes, es necesario entrar a verificar si los miembros de la junta directiva fueron negligentes e imprudentes como lo indicó al momento de evaluar la operación de crédito en favor de Navelena y lo hicieron desconociendo que existía un evidente riesgo de reputación por la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil”, explica la Procuraduría en el fallo de segunda instancia.

En un primer momento, la Procuraduría concluyó que los ahora exfuncionarios incurrieron en graves conductas que afectaron la reputación del Banco Agrario. A todos los sancionó y multó con una suma superior a los 680 millones de pesos.

Con el fallo de segunda instancia, la misma Procuraduría modificó el tiempo de sanción para el entonces presidente del Banco Agrario, Francisco Solano Mendoza, a tres meses, y para las vicepresidentas de Banca Comercial, Mónica Santamaría (a 10 meses) y de Crédito y Cartera, Marcela Ferrán (a 8 meses).

“El anterior crédito estuvo amparado en lo que manifestaron las vicepresidentas de Banca Comercial, Mónica Santamaría, y de Crédito y Cartera, Marcela Ferrán, que eran las encargadas de presentar al comité la solicitud de operación de crédito, las cuales indicaron que se cumplió lo estipulado en el sentido de que la vicepresidenta de Crédito y Cartera efectuó el correspondiente análisis a la solicitud del cliente Navelena”, señala la decisión de la Procuraduría.

En síntesis, la Procuraduría tuvo en cuenta que los argumentos expuestos por la defensa de los sancionados –la junta directiva– fueron suficientes para considerar que el error de ellos fue confiar en los funcionarios que tenían la responsabilidad de vigilar la autorización del crédito.

“Por las anteriores razones era laudable que los miembros de la junta directiva, para aprobar el crédito a Navelena S.A.S., confiaran y la información que les estaba suministrando los funcionarios del banco, en consecuencia, son unas exculpaciones que presentaron los apoderados referentes a que los miembros actuaron amparados en el principio de confianza”, advierte la Procuraduría en el documento.