Procuraduría advierte desprotección a víctimas de trata de personas y explotación sexual: “Las dejan a la deriva”

La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo un seguimiento en torno al control y cumplimiento de las obligaciones de las administraciones y comités locales de lucha contra la trata de personas. Esto con el objetivo de tener un balance sobre la situación en el país.

Teniendo en cuenta lo compartido por el ente de control, entre el 2020 y agosto de 2022, se registraron 396 casos de trata de personas en el territorio nacional, según el grupo de lucha contra la trata de personas del Ministerio del Interior. No obstante, la Procuraduría indicó que “podría existir subregistro de información, dada la normalización de esta forma de violencia, así como la falta de credibilidad en las víctimas”.

En la misma línea, el Ministerio Público también señaló que en el país hay un porcentaje mayor de mujeres víctimas de trata de personas, en comparación con la media mundial. Por lo tanto, el porcentaje en Colombia es de 83 %, en comparación con 65 %.

Factores como necesidades en el ámbito económico, condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, han hecho que niños, niñas y adolescentes sean las principales víctimas. “En el trabajo doméstico, el sector de la construcción, la agricultura, minería, son los sectores en donde mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado se identifica”, agregó la entidad encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos.

De manera conjunta, la Procuraduría también se refirió sobre el tema de la explotación sexual, siendo esta la principal finalidad de explotación en el mundo, con el 50 % de casos identificados en donde el trabajo forzado y la mendicidad entran a tener cabida.

Resultados trata de personas

Los resultados del informe que compartió la Procuraduría consignaron que de los 24 comités locales de lucha contra la trata de personas consultados (17 departamentales y 7 de ciudades capital), tan solo en seis departamentos y tres ciudades capitales hubo cumplimiento para las sesiones ordenadas legalmente en el primer semestre de 2022.

Asimismo, se dio a conocer que Bolívar, Boyacá, Casanare, Chocó, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Tolima, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio no tenían un diagnóstico sobre la situación de trata de personas en sus territorios, para el año 2022. Además, “solo 10 de los comités territoriales cuentan con un presupuesto asignado para el desarrollo de acciones de prevención de la problemática”.

Sumado a lo anterior, el informe detalló que la adopción de una ruta de protección y asistencia a las víctimas de trata de personas solo se encuentra activa en 11 de los departamentos y en 7 ciudades, pero no todos la tiene implementada, tanto así que la Procuraduría remarcó que “en Chocó, Cesar y Valle del Cauca, no se tiene conocimiento sobre su adopción e implementación”.

Finalmente, respecto a los resultados de la trata de personas en el país, la entidad compartió que hay una preocupante ausencia de casas refugios para víctimas de este delito, de modo que recalcaron la falta de voluntad política y de recursos presupuestales. Solo en Sucre y Bogotá hay dichos refugios.

Resultados explotación sexual

Lo primero en el informe hecho por la Procuraduría dice que en el 70.83 % de territorios consultados se dio el fatal resultado de la problemática de explotación sexual en menores de edad; siendo el 29 % de estos casos catalogados como graves en Risaralda, Nariño, Amazonas, Bolívar, Cesar y Valle del Cauca, y muy graves (25 %) en Chocó, Quindío, Norte de Santander y Casanare.

De igual modo, se indicó que en el 83.33 % de territorios para los que se dio respuesta, se dio explotación sexual en mayores de edad; siendo el 38 % de estos casos catalogados como graves en Risaralda, Nariño, Amazonas, Quindío, Cesar, Sucre y Valle del Cauca, y muy graves en Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Casanare.

“Solo los departamentos de Quindío y Cesar tienen un diagnóstico de la problemática de explotación sexual y 8 entidades territoriales se conoce que cuentan con presupuesto asignado”, añadió el ente de control.

Algo que llamó la atención y que se precisó en el informe es que en los departamentos de Amazonas y Bolívar no hay diagnóstico para un plan de acción en contra de la lucha contra la explotación sexual, siendo estos territorios donde se presenta a mayor medida la problemática.

En vista de todo lo anterior, “para el Ministerio Público, el delito de explotación sexual se presenta en muchas regiones del país, sin ser un asunto fundamental en la agenda de muchos gobiernos territoriales y dejando a la deriva a muchas de sus víctimas, quienes no encuentran una respuesta institucional reparadora, integral, no revictimizante”, concluyó la Procuraduría General de la Nación.

Para terminar, la Procuraduría comunicó que aun cuando este informe tiene recomendaciones para las autoridades competentes, se necesita de eficiencia y oportunidad para fortalecer estas vigilancias preventivas y luchar contra los delitos.