Procuraduría advierte fallas en la entrega de alimentos para los internos de todas las cárceles en Colombia

Continúan las alertas por la crisis carcelaria y penitenciaria en el país. Tras los anuncios hechos la semana pasada en la capital de la República, esta vez la Procuraduría le envió una petición formal a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que informe en el menor tiempo posible la forma en cómo se está adelantando el servicio para la entrega de los alimentos en los 125 establecimientos registrados en todo el territorio nacional.

La petición tiene como génesis las constantes quejas que se han presentado recientemente en el país, y las cuales, incluso, han terminado con la convocatoria a una huelga de hambre en el Pabellón 3 de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá, en reclamo por la mala calidad de los alimentos y la demora en las entregas.

Frente a esto, el Ministerio Público solicitó que se le envié un listado de los contratistas, sus obligaciones y las quejas que existen por el mal servicio prestado.

Para sustentar la petición, se tuvo en cuenta el informe que realizó la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos luego de visitar los establecimientos carcelarios de mediana y alta seguridad, como El Barne (Tunja-Boyacá), La Picota (Bogotá), El Pedregal (Medellín-Antioquia) y la Tramacúa (Valledupar-Cesar). En estas visitas se establecieron fallas en los servicios de alimentación que allí se prestan.

En el informe se corroboraron las quejas existentes con los datos con los que cuentan los 125 directores de los centros de reclusión. En una reunión convocada por el Instituto Carcelario y Penitenciario (Inpec) se presentó una queja constante de los directores y una inconformidad que existe frente al suministro de las materias primas, es decir, los mercados, los problemas evidentes con la manipulación de los alimentos y los horarios para los servicios de alimentación.

“El desconcierto de los directos de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, destaca uno de los puntos principales del informe de la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos. Por esto, se manifiesta la necesidad de conocer la lista completa de los contratistas, sus supervisiones e interventores.

Así como fichas descriptivas de cada uno de los contratos firmados en materia para la entrega de los alimentos, un recuento de las obligaciones pactadas, un recuento de las quejas que existen por mal servicio y los informes de interventoría frente a las sanciones que han sido impuestas por estos hechos. Igualmente, requirió copia del informe más reciente por el Comité de Salud y Alimentación (Cosal) -un organismo interno del régimen penitenciario que hace seguimiento al servicio de alimentación en cada establecimiento ante la Uspec.

Con la información recolectada, la Procuraduría General evaluará las acciones que tomará ante estas constantes quejas y grave problemática. El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, le pidió a las directivas de los centros carcelarios y penitenciarios, así como todos aquellos que tengan relación con estos, tomar las acciones para mejorar los servicios alimenticios y corregir las fallas detectadas.

Una queja de vieja data

En febrero de 2022, SEMANA reveló en exclusiva una grave denuncia sobre el mal estado de los alimentos que se les estaban dando a los presos. Entre estas se encontraban sopas llenas de gusanos, carne con olores fétidos, frutas y verduras a punto de pudrirse.

Así mismo, se dio cuenta de cocinas que no cumplían el más mínimo requisito para preparar alimentos: estas fueron algunas de las graves irregularidades que encontró el Inpec en la mayoría de las cárceles del país.

Todo esto quedó registrado en fotografías y declaraciones de varios internos que se han visto obligados a consumir estos alimentos, con el gran riesgo de intoxicarse o enfermarse gravemente. Las tres comidas que reciben diariamente, en algunos casos, no cumplen los requisitos nutricionales, puesto que las porciones son muy pequeñas, no tienen la proteína exigida o están preparadas en muy malas condiciones.

En entrevista con SEMANA, Martha Isabel Gómez Mahecha, subdirectora de atención en salud del Inpec, consideró que la situación es una “bomba de tiempo”, puesto que la mala entrega de alimentos genera otros problemas como motines, peleas, enfermedades y, precisamente, huelgas de hambre.

En la inspección realizada recientemente se determinó que el 26 % de los establecimientos carcelarios se encuentra en estado crítico por las fallas en la entrega de los alimentos a los internos. Para llegar a esta categoría, explica Gómez, se concluyó que no se cumplía con los gramajes establecidos (entregando una cantidad mucho menor a la requerida), cambios constantes en los menús, fallas en la entrega de todos los componentes establecidos (como postre, frutas, verduras), así como insalubridad en “los ranchos”, como son conocidos los lugares donde se deben preparar exclusivamente los alimentos.

La Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Meta) presenta la mayor problemática, puesto que la mayoría de las 42 cárceles que se encuentran en la zona registró graves problemas, entre ellas La Picota, la de Acacías, El Buen Pastor y Chocontá.

Para la subdirectora de atención en salud del Inpec, la situación es bastante compleja y no se aceptan ya “pañitos de agua tibia”, sino que urge una solución inmediata.