Procuraduría advierte que desacato del presidente Petro sobre sanción al Canciller “pone en riesgo el Estado Social de Derecho”

Un fuertísimo llamado de atención hizo el viceprocurador General, Silvano Gómez Strauch, frente a la posición y claro desacato del presidente Gustavo Petro sobre la sanción que se emitió en contra del canciller Álvaro Leyva Durán el pasado 24 de enero.

Frente al hecho de que el canciller Leyva siga ejerciendo sus funciones y firmando circulares y decretos, evidencia, en palabras del Viceprocurador, un “abierto desacato” que pone en riesgo el Estado Social de Derecho, la Constitución y la ley.

Además, sentencia que ella sienta “un nefasto precedente” que pone en riesgo la institucionalidad.

Frente a esto, señala que, tanto el jefe de Estado como el canciller Leyva, no han acatado la decisión emitida por la Sala de Disciplina de la Procuraduría General, que suspendió al Ministro por tres meses y le abrió pliego de cargos —citación a juicio disciplinario— por las presuntas irregularidades en el proceso licitatorio de los pasaportes.

“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, aseveró el Viceprocurador en referencia a lo que ha venido ocurriendo.

Considera que las autoridades elegidas democráticamente no pueden, nunca jamás, desviar la conducta de esos principios, pues con estas actitudes debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, señaló Gómez.

En la tarde de este mismo jueves, la defensa de Leyva Durán radicó un documento de 22 páginas en el que pide que se revoque la suspensión de su cargo y se evalúe, además, un impedimento de la procuradora General, Margarita Cabello Blanco para estudiar una segunda instancia.

En el documento firmado por el abogado Yefferson Mauricio Dueñas, la Sala “simplemente” indicó que la medida era necesaria para que no se “pudieran reiterar” los comportamientos frente al proceso licitatorio de los pasaportes.

Esta actitud fue reprochada, asegurando que existían otros mecanismos para que Leyva no tuviera participación o conocimiento de este procedimiento.

Igualmente, plantea que la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, se declare impedida para conocer y tomar una decisión frente a este recurso. Esto, debido a las “manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción”.

En uno de los apartes del recurso de 22 páginas, la defensa del Canciller cuestiona la celeridad con la que se tomó la decisión de suspenderlo y emitir el llamado a juicio disciplinario por tres cargos que fueron considerados como “gravísimos”.

“Se dedicaron los escasos dos o tres días hábiles que pasaron desde la presentación de los argumentos de la defensa y la formulación del pliego de cargos, porque el resto de las 122 páginas de la providencia muy seguramente ya estaban escritas”, advierte el documento.

Para el abogado, la decisión de fondo en el caso del Canciller ya está tomada y solamente se quiere ocultar con trámites, ignorando por completo los argumentos presentados por los abogados de Leyva y las pruebas aportadas en las que se resumía el procedimiento para suspender el proceso licitatorio.

“El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores”, explica el escrito. “Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.

Pese a esto, insiste, ya se había tomado una decisión, lo que representa una falta de garantías procesales y una omisión al trámite que se exige en todo proceso disciplinario:

“Antes de que el señor Ministro de Relaciones Exteriores ejerciera su defensa con la presentación de sus alegatos precalificatorios, etapa y garantía del proceso disciplinario y no una simple formalidad, la Sala ya había sentado su posición con repercusiones gravísimas para él que era conocida por toda la sociedad”.

El abogado de Leyva aseguró que a todo procesado se le debe permitir expresar su posición y entregar las pruebas que considere pertinentes. “Permite al investigado explicar ante el ente de control por qué la conducta objeto de examen no constituye falta disciplinaria o no existen elementos para atribuir responsabilidad. Empero, desde antes de su radicación, los argumentos que pudieran ser planteados carecían de interés y relevancia para la Procuraduría General, que ya había anticipado la formulación de cargos”.