Nación
Procuraduría advierte que licitación para expedición de pasaportes no puede estar suspendida indefinidamente; pide reanudar proceso
El Ministerio Público afirma que el proceso licitatorio debe seguir, al ser rechazada la acción popular que lo tenía suspendido.
La Procuraduría General urgió al Ministerio de Relaciones Exteriores a reanudar el proceso de licitación pública para el suministro de pasaportes. Esta petición surge después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimara una acción popular que había detenido el proceso de licitación.
La audiencia pública, programada inicialmente para el 1 de agosto, se canceló debido a la presentación de una acción popular. Esta acción argumentaba que el proceso licitatorio vulneraba la protección de derechos e intereses colectivos, la moralidad administrativa, la libre competencia y el patrimonio público. Como resultado, el proceso de selección fue suspendido.
Tras el rechazo de la acción popular por parte del tribunal, la Procuraduría instó al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a reanudar la licitación. Según el ente de control, no existen razones para mantener suspendido el proceso, ya que la resolución de la acción legal no encontró fundamentos suficientes para ello.
La Procuraduría advirtió sobre la posibilidad de que la demora en la reanudación del proceso licitatorio pueda generar obstáculos en la entrega de pasaportes y, en consecuencia, afectar el funcionamiento normal del servicio.
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Por lo tanto, insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a avanzar con la licitación para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y la entrega oportuna de documentos de viaje a los ciudadanos.
Hasta el momento, la Cancillería no se ha pronunciado; sin embargo, no se descarta que lo haga en el transcurso de los días, ya que este es uno de los contratos más polémicos que ha tenido al ministro Álvaro Leyva en el ojo del huracán.
Contraloría advierte sobre proceso de licitación de pasaportes
Por su parte, la Contraloría General de la República también lanzó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido al “inminente riesgo” detectado en torno al proceso licitatorio suspendido de suministro, formalización y distribución de pasaportes.
En un pronunciamiento dirigido al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, instó a tomar medidas inmediatas para prevenir la “parálisis o intermitencia” en la expedición de pasaportes tanto a nivel nacional como internacional.
La Contraloría advirtió que, debido a las recientes acciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.
“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de la licitación pública referenciada, adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al Estado y se cumpla el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, dijo Zuluaga.
La advertencia surgió como resultado de un informe de seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. Se resaltó la aparente contradicción entre dos hitos ocurridos el 31 de julio de 2023: el informe del Comité Evaluador recomendando la adjudicación de la licitación y la emisión de la Resolución número 5778 suspendiendo el proceso.
El proceso licitatorio se mantiene suspendido sin una justificación clara y, como resultado, se presentan riesgos significativos para la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, un servicio esencial que garantiza derechos fundamentales, indicó el organismo de control. El valor estimado del contrato asciende a $ 599.651′582.571, financiados por el Presupuesto General de la Nación.
La Contraloría enfatizó en la necesidad de tomar medidas oportunas y aplicar los recursos legales disponibles para evitar posibles pérdidas de recursos públicos y garantizar la culminación exitosa del proceso licitatorio en cumplimiento del objetivo de contratación, que es de alto impacto social.
