Procuraduría advierte que siguen en riesgo 80 mil estudiantes por problemas del PAE en La Guajira; pide acciones a la Gobernación

La Procuraduría General volvió a pedirle a la gobernadora (e) de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, que tome medidas urgentes para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. Esta solicitud de la entidad se dio ante el riesgo inminente de suspensión de la operación del programa, lo cual podría afectar a todos los beneficiarios.

El requerimiento de la Procuraduría surgió como respuesta a la alerta emitida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar -Alimentos para Aprender- (UApA), en la cual se advirtió sobre la posibilidad de suspender la operación del PAE en La Guajira. En caso de concretarse esta situación, más de ochenta mil niños, niñas y adolescentes se verían perjudicados en sus derechos a la salud, a una alimentación equilibrada y a la educación.

Con el fin de prevenir esta suspensión y controlar adecuadamente la gestión del programa, la Procuraduría ha solicitado a la gobernadora (e) que lleve a cabo de manera inmediata los trámites internos necesarios para asegurar los recursos financieros destinados al convenio del PAE. Asimismo, se insta a gestionar la continuidad del programa mediante una colaboración activa con el Programa Mundial de Alimentos.

Adicionalmente, el Ministerio Público requirió a la gobernadora (e) que revise de manera inmediata los contratos existentes con los operadores encargados de atender a la población indígena. Esta medida busca asegurar la prestación del servicio a dicha población durante el resto del calendario escolar 2023.

El órgano de control espera que la gobernadora (e) tome las acciones pertinentes para asegurar la continuidad y calidad de este programa, que no deja de verse envuelto en polémicas.

De hecho, la Procuraduría llevó a cabo visitas en instituciones educativas. Entre las falencias detectadas, se ha constatado que algunos colegios no disponen de espacios adecuados para la preparación de los alimentos y carecen de la cantidad suficiente de platos, vasos y cubiertos para los estudiantes.

Además, el órgano de control encontró que “las personas encargadas de manipular los alimentos no tienen la instrucción necesaria para el uso de implementos de seguridad, y los refrigeradores donde se almacenan las carnes no se encuentran en sitios adecuados”.

Estas visitas realizadas por el Ministerio Público se llevaron a cabo en instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento, cuya vigilancia y administración recae en la Gobernación. Los municipios en cuestión son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.

Aplazamientos para contratar operador del PAE en Magdalena

Por otro parte, la Procuraduría emitió una alerta preocupante sobre la posible interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Magdalena durante el segundo semestre del 2023. La adjudicación del contrato se encuentra paralizada, lo que ha generado cuatro aplazamientos y obstáculos administrativos que impiden avanzar en el proceso de contratación del operador.

Según la Procuraduría, los constantes retrasos y la falta de culminación del proceso de adjudicación están poniendo en peligro los “derechos constitucionales a la educación y la alimentación equilibrada de los niños, niñas y adolescentes de 28 municipios del departamento”.

Gabriel del Toro, procurador primero delegado para la vigilancia preventiva de la función pública, ha expresado su preocupación al respecto, afirmando que es responsabilidad de las autoridades priorizar el interés supremo de la población escolar. Del Toro ha advertido sobre la indebida planificación del proceso, y ha instado a la Gobernación del Magdalena a publicar de manera inmediata el informe final de la evaluación de las ofertas y adjudicar el contrato en el menor tiempo posible.

“Es nuestro deber advertir la indebida planificación del proceso y hacer un llamado a la Gobernación para que se priorice el interés supremo de la población escolar”, recalcó el delegado.

La urgencia de resolver esta situación radica en que los estudiantes tienen programado regresar de sus vacaciones el próximo 3 de julio, lo que deja un margen de tiempo muy limitado para asegurar la continuidad y el funcionamiento adecuado del PAE.

La Procuraduría ha reiterado su compromiso de “velar por el buen desempeño de las funciones públicas y la protección de los derechos de los niños”, así como garantizar el cumplimiento eficiente del Programa de Alimentación Escolar en todo el país.