Procuraduría alerta por crisis humanitaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el dramático aumento de la migración ilegal

La Procuraduría General de la Nación alertó por la crisis humanitaria que se presenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el dramático aumento de la migración ilegal.

La Procuraduría lanzó la alerta durante la presentación del informe especial y preventivo llamado ‘Situación de Derechos Humanos de la población migrante’ en su capítulo dedicado a San Andrés. Anteriormente, la Procuraduría había presentado ese mismo informe en relación con Cúcuta y la crisis migratoria del Tapón del Darién.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre 2022 y 2023 han sido rescatados en altamar al menos 977 migrantes irregulares que se dirigían hacia costas nicaragüenses y se evidenciaron rutas denominadas ‘VIP’ que usan traficantes ilegales.

“No deja de ser muy preocupante, porque entre los riesgos que afronta esa población migrante encontramos realidades como por ejemplo; lanchas pequeñas, lanchas inseguras y casi que básicas con un solo motor, ausencia de chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación en esas naves y ausencia de instrumentos de comunicación. Incluso hemos encontrado y detectado la potestad de que esa población migrante sean víctimas de redes de tráfico irregular que no tienen consideración alguna en la seguridad personal de esa población y terminan incluso asaltándolas y quitándolas y quitándoles todas sus pertenencias”, advirtió la Procuradora Margarita Cabello durante la presentación del informe.

La Procuradora Cabelló señaló que la migración irregular por vía marítima es un tema que merece toda la atención de las autoridades como sucede en el caso del Tapón del Darién.

“Este año han existido seis naufragios, en los cuales han desaparecido al menos, que se tenga conocimiento, 59 personas. Es decir, es claro que esto no es un tema menor. Si hay un tema grande y mayor en el tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima. Nosotros como país, y sobre todo como institucionalidad, debemos estar presentes en todo el territorio nacional brindando el apoyo necesario para evitar y mitigar esta situación y lógicamente evitar que sigan ocurriendo pérdidas de vidas humanas”, dijo.

La ruta que siguen los migrantes vía marítima inicia en la isla de San Andrés y continúa hacia uno de los puntos o rutas conocidos que es Cayo Pescador, en este lugar es desde donde se zarpa toda la población migrante de diferentes nacionalidades hacia Nicaragua.

“Con base en esos descubrimientos, que lo hemos trabajado mucho con la Armada, diseñamos y pusimos en marcha una estrategia de seguimiento integral frente a la garantía de los derechos de la población migrante”, indicó la Procuradora.

Así mismo, señaló que “Existe una responsabilidad del sector privado dentro de esta problemática. De un lado, las aerolíneas estarían omitiendo indagar a los viajeros sobre el tiquete de regreso luego de su ingreso a la isla. Por otro lado, al parecer, algunos hoteles y sitios de posada presentes en San Andrés, no están reportando la información necesaria de extranjeros hospedados en sus habitaciones”, reveló.

La Procuradora señaló que es necesario seguir abordando esta problemática para atender las necesidades básicas de la población migrante, pero especialmente por las situaciones de inseguridad, violencia sexual, trata de personas y esclavitud que se están presentando.

“Dentro del concepto de población migrante hay una serie de elementos, de factores adicionales que generan un tema de inseguridad en donde es importante entender la respuesta de las problemáticas de la violación de los derechos de la población y la respuesta institucional a esas necesidades de la población migrante. Pero por otro lado, consideramos muy importante manejar también un principio rector relacionado con la necesidad de conocer dentro del territorio las dinámicas relacionadas con el acceso a bienes, el acceso a servicios, el acceso a derechos de esta población en tránsito hacia el sur del continente porque hay una nueva economía ilegal de mucho movimiento de dinero frente a este flujo de migrantes en nuestro país”, recalcó la Procuradora.

El delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, explicó cómo, empresas legalmente constituidas, dedicadas a operaciones de turismo, estarían ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos a la población migrante, cubriendo la ruta entre San Andrés y Centroamérica cuyo costo oscila entre US$ 1500 y US$5000.

También que los migrantes en tránsito han establecido cambuches en la isla y en algunos callos como Pescador y Albuquerque, mientras logran conseguir los recursos para continuar su viaje, sin alimentos, expuestos a las inclemencias del clima y a las vejaciones de los grupos ilegales que los reclutan.

El funcionario también habló sobre los peligros que enfrentan durante el traslado, como la exposición de hasta 15 horas en altamar para evitar ser descubiertos por las autoridades, presencia de niños y mujeres embarazadas en las lanchas.