Procuraduría alerta por preocupante situación con Centros de Desarrollo Infantil a cargo del ICBF en varias regiones del país

Una alerta sobre la preocupante situación que se está presentando en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en varias regiones del país, que ponen en jaque la atención para la primera infancia lanzó la Procuraduría General.

El Ministerio Público manifestó que existe preocupación debido a que no se han contratado los servicios de atención para la primera infancia, en pro de brindar los cuidados nutricionales y de desarrollo infantil a esta población.

Según explicó el ente de control, aunque desde la entidad aseguraron que se viene cerrando la contratación en las modalidades comunitarias, sigue siendo preocupante la demora en el trámite contractual que va en contravía de la protección de más de 400.000 niños y niñas en todo el país.

Frente a esto, la Procuraduría requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que informe cuántas y cuáles regiones están en proceso de contratación para los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil, así como las razones de la demora y la fecha prevista para superar la situación.

La Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer le pidió a la institución que, dada la magnitud de la contratación para la prestación de esos servicios, a futuro se adopten medidas con la debida antelación para evitar inconvenientes.

Cabe resaltar que en los Centros de Desarrollo Infantil se presta el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años y se encuentra a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Irregularidades en programa ‘Mi Familia’ del ICBF

La Procuraduría General también anunció, el pasado 12 de febrero, que inició una investigación preliminar contra funcionarios por determinar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Nariño, por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables atendidas por el programa ‘Mi Familia’.

El Ministerio Público indaga si hubo una falsificación de datos en relación con el número de hogares atendidos en virtud de un contrato suscrito con la Unión Temporal Mi Familia por un monto de 8.399 millones de pesos.

“Al parecer, se habrían registrado datos falsos sobre el número de hogares atendidos durante la ejecución del contrato”, indicó el órgano de control. Este contrato tenía como objetivo realizar visitas periódicas a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil.

“Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca identificar a los posibles autores del hecho y determinar si es procedente iniciar investigación disciplinaria por una aparente apropiación de dineros del departamento”, informó la Procuraduría.

El Ministerio Público solicitó al ICBF documentación relacionada con el contrato firmado, así como detalles sobre las acciones realizadas durante todas las etapas del mismo, desde la precontractual hasta la liquidación. También requirió información sobre las posibles sanciones que la entidad habría impuesto a la Unión Temporal en cuestión.