Nación
Procuraduría alerta que aún existe miedo a denunciar el reclutamiento de menores: exige medidas de prevención y protección
El Ministerio Público señaló que las cifras de reclutamiento de menores reportadas por diferentes entidades no coinciden.
El reclutamiento forzado de menores ha sido una de las principales problemáticas de la violencia que se vive en Colombia, cientos de niños y niñas son obligados por grupos armados a ser parte de sus filas.
A pesar de que es una situación conocida, todavía se registra en varias partes del territorio nacional y genera temor en las poblaciones que se encuentran afectadas por el conflicto.
Ante esto, la Procuraduría General de la Nación alertó que todavía existe temor en las personas para denunciar el reclutamiento forzado y le hizo un llamado a las diferentes entidades nacionales para que se tomen medidas de prevención y protección para los menores que son víctimas de estos hechos por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.
El Ministerio Público alertó que las cifras reportadas por las diferentes entidades no coinciden y se “evidencia un panorama alarmante e inquietante al subregistro de la dimensión de este flagelo, por el miedo de las víctimas a denunciar formalmente”.
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Según explicó la Procuraduría, durante el primer semestre del año 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 147 casos de reclutamiento de menores de edad entre los 15 y 17 años, de los cuales 97 casos tienen como víctimas a niños y 50 a niñas. La mayoría se registraron en Cauca (104) Nariño (10) Putumayo (8), Caquetá (6), Chocó (4), Arauca (4), Amazonas (4), Antioquia (3) Valle del Cauca (2) y Bogotá D. C. (1).
Por su parte, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GADH) durante el primer trimestre de este año reportó 54 casos de de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los diferentes grupos al margen de la ley, la mayoría entre los 16 y 18 años. Los departamentos donde fueron recuperados son Cauca, Valle, Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Arauca.
En ese sentido y con el objetivo de disminuir las cifras de esta gran problemática, la Procuraduría le hizo un llamado a las autoridades para que tomen acciones en materia de protección integral y restablecimiento de derechos, con un enfoque preventivo, con énfasis en los factores de riesgo como la deserción escolar, el conflicto armado, el desplazamiento, la falta de acceso a la educación en condiciones seguras, entre otros.
“La poca presencia estatal en zonas rurales, las dificultades para el acceso a la salud, educación y recreación, desencadenan fenómenos como la deserción escolar, que sumado a la falta de oportunidades laborales, la mala alimentación, la violencia intrafamiliar y la falta de entornos protectores, hacen que los NNA sean vulnerables a ser reclutados”, indicó la entidad.
Por último, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó la necesidad de articular, desde cada una de las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), las acciones para prevenir esta situación, señalando la importancia de implementar planes específicos de acuerdo al enfoque territorial, para los departamentos afectados.
Las Farc reclutaron a 102 niños y niñas con pertenencia étnica en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, Nariño
En una de las investigaciones más importantes que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz por los hechos acontecidos a lo largo del conflicto armado colombiano, esa Jurisdicción imputó responsabilidades por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de 15 excombatientes de las Farc, cometidos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño.
Entre los imputados por estos delitos se encuentran el exmiembro del Secretariado de las Farc y hoy senador Pablo Catatumbo, así como el exjefe del Bloque Occidental, Édgar López Gómez, alias Pacho Chino, quien también participó en las negociaciones del Proceso de Paz en La Habana.
Uno de los delitos que les fue imputado fue el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes para la guerra. Particularmente, en estas regiones priorizadas por la JEP en el Caso 02, todos los niños reclutados tenían algún tipo de pertenencia étnica.
La JEP señaló que entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y la utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de niños víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños. De ellos, al momento de ser reclutados y utilizados, 36 tenían edades entre los 6 y 14 años, y 49 entre los 15 y los 17 años.
