Procuraduría alerta sobre falta de coordinación para combatir la violencia en áreas urbanas y rurales; esto les pide a entidades nacionales

La Procuraduría General de la Nación destacó la necesidad de coordinar acciones integrales para combatir la criminalidad y la violencia en las áreas urbanas y rurales del país.

Después de diez reuniones con entidades del orden nacional, según la entidad, se evidenció la falta de articulación y coordinación entre las instituciones para desplegar acciones efectivas a largo plazo contra “los fenómenos criminales estructurales en los territorios”.

Luego de establecer espacios de construcción y diálogo con diversas entidades, como ministerios y organismos de control, de acuerdo con el Ministerio Público, “fue posible determinar que, aunque existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural, no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales y sostenidas en el tiempo que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios”.

La Procuraduría identificó que, aunque las entidades tienen en cuenta la priorización territorial que considera aspectos como la implementación de instrumentos de seguridad y convivencia a nivel local, estadísticas delictivas, demandas institucionales y ciudadanas, así como coyunturas y directrices estratégicas institucionales, “no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia”.

De igual forma, resaltó la necesidad de emprender acciones integrales en departamentos como Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar, donde se registran altos niveles de violencia y dinámicas criminales que afectan negativamente la seguridad.

“La falta de comunicación fluida entre los organismos de seguridad y la ciudadanía; la necesidad de consolidación, análisis y socialización de información en materia de orden público de municipios y departamentos afectados por violencias estructurales y emergentes provenientes de grupos armados,organizados y bandas criminales, agrava el riesgo para la ciudadanía, permite consolidar estructuras criminales para la generación de violencia y desgasta las capacidades de actuación del estado”, aseguró la Procuraduría.

Además, evaluó la activación de instancias de coordinación existentes, como el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y los Comités y Subcomités de Prevención y Protección a nivel territorial. El objetivo es abordar estrategias para mitigar los fenómenos y riesgos identificados, y generar acciones concretas a corto plazo.

Alerta por expansión de Clan del Golfo en cuatro municipios

Por otra parte, pero en esta misma línea, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 021 de 2023 debido al inminente riesgo que enfrentan las comunidades de Santa Cruz de Mompox, Hatillo de Loba, Margarita y San Fernando, en el centro del departamento de Bolívar, por la presencia y acciones expansivas del Clan del Golfo.

De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se identificó presiones y restricciones impuestas por el Clan del Golfo contra la comunidad, incluyendo la imposición de “normas de conducta” y amenazas contra líderes sociales y comunitarios. Además, se han registrado homicidios selectivos en estos cuatro municipios.

El Clan del Golfo, según el defensor Camargo, realiza patrullajes en las zonas rurales y corregimientos de estos municipios, limitando el derecho a la libre movilidad de los habitantes. También imponen horarios de cierre para el comercio, entre las 6:00 p. m. y las 7:00 p. m.

La expansión territorial y el control social ejercido por los miembros del Clan del Golfo incluye la oferta de salarios de 1.500.000 pesos a jóvenes para reclutarlos en sus filas. Además, las mujeres adolescentes y jóvenes se encuentran en riesgo de ser utilizadas con fines sexuales.

La Alerta Temprana también destaca la extorsión a comerciantes de la zona, quienes son obligados a pagar “impuestos” ilegales. Asimismo, se han reportado exigencias económicas a docentes, servidores públicos y contratistas encargados de obras de infraestructura, lo que en algunos casos ha llevado a la suspensión de dichas obras.

Ante esta situación, el defensor del Pueblo instó a tomar medidas urgentes para prevenir y proteger de manera integral a las comunidades afectadas. Asimismo, hizo un llamado a brindar atención humanitaria que garantice los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.