Procuraduría brinda atención a asentamiento de 15.000 migrantes en Maicao y busca soluciones de vivienda para esa población

Un grupo de 15.000 migrantes lleva varios meses asentado en la zona conocida como La Pista, donde estaba ubicado el antiguo aeropuerto de Maicao, y la situación humanitaria en esa parte de la frontera entre Colombia y Venezuela llevó a que la Procuraduría buscara una intervención.

La población migrante, entre quienes predominan los ciudadanos colombo venezolanos, lleva varios meses residiendo en el lugar ante los problemas para acceder a una vivienda digna, por lo que la Procuraduría buscó una intervención de las autoridades.

Por eso, la oficina que dirige la procuradora, Margarita Cabello, envió hasta el lugar a una delegación encabezada por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.

El procurador delegado encabezó una comisión especial del ministerio público que se articuló con la Cancillería, Migración Colombia, Gestión del Riesgo, ICBF, Súper Servicios, la Gobernación de La Guajira y administración municipal de Maicao para buscar alternativas para esta población: no tienen vivienda, tampoco un acceso regulado a los servicios públicos y viven en condiciones de irregularidad.

Tras el encuentro, el procurador Sarmiento anunció que se buscará una coordinación institucional para atender a esa población y que, incluso, sobre la mesa está la posibilidad de que se les dé título sobre los predios que están ocupando. Todo dependerá de una revisión jurídica de su caso.

Y es que la Procuraduría resalta que estas personas viven en medio de una problemática social que envuelve a más de 15.000 migrantes irregulares asentados en la pista del antiguo aeropuerto que necesita solución.

Por eso, el ministerio público anunció que las entidades acordaron realizar un censo y caracterización de la población asentada en esa geografía de La Guajira, caracterización que tiene el objetivo de determinar cuantos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad y personas con necesidades especiales residen allí de manera permanente.

Con ese análisis, las autoridades también tendrían acceso a información sobre su condición socioeconómica y acerca de cuáles son las necesidades apremiantes de ellos, con el objetivo de implementar planes y programas que permitan lo que la Procuraduría describe como la pronta llegada de los servicios públicos, atención en salud, educación y primera infancia.

Pero el problema para esta población migrante no consiste solo en el acceso a techo, sino que las condiciones en las que han estado viviendo en La Pista agravan su situación de irregularidad.

Es por ese motivo que el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, anunció que convocará al Ministerio de Vivienda para que, junto con la Alcaldía de Maico, definan la factibilidad jurídica de legalizar los terrenos de La Pista en favor de estas familias o también el escenario de reubicarlos en otro predio en el que se puedan llevar a cabo planes de vivienda de interés prioritario.

A su vez, la procuradora Margarita Cabello destacó que “el diálogo permanente y el trabajo articulado entre las entidades nacionales y regionales ha producido resultados efectivos y compromisos por cumplir”.

Asimismo, su despacho se comprometió a hacer “estricto seguimiento a los compromisos suscritos con las autoridades de esa región para garantizar que se respeten los derechos de esta comunidad vulnerable en la que identificaron un número importante de colombianos retornados”.

La población migrante se asentó en esa zona de Maicao a medida que se fue acrecentando el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela.