Procuraduría confirmó, en segunda instancia, destitución de 12 años contra el superintendente de Subsidio Familiar

Por 12 años quedó destituido e inhabilitado el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, por modificar la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, y solicitó dinero a cajas de compensación vigiladas con lo que utilizó su posición para una finalidad distinta a las establecidas en la ley.

En el fallo la Procuraduría confirmó “el fallo del 7 de mayo de 2024, proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, que declaró disciplinariamente responsable a Luis GUILLERMO PÉREZ CASAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.496.782, en su condición de Superintendente de Subsidio Familiar, código 0030 grado 25, para la época de los hechos investigados, y le impuso sanción consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL para ejercer función pública en cualquier cargo durante DOCE (12) AÑOS, por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia”.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría confirmó que mientras Pérez lideró la entidad, modificó la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. Así mismo, hizo cambios en la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, por lo que terminaron participando personas que no cumplían los requisitos para el cargo.

De inmediato, el superintendente de Subsidio Familiar indicó en sus redes sociales: “Sr. Presidente de la República, Gustavo Petro, ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, gracias por la confianza que depositaron en mí, al nombrarme Superintendente de Subsidio Familiar. Finalmente, Margarita Cabello @PGN_COL logró su objetivo de hacerme sancionar inhabilitándome en mis derechos políticos por doce años”.

Además, agregó que “en segunda instancia se confirmó la infamia en un proceso plagado de irregularidades, abusos de poder, tráfico de influencias y prevaricatos. No atenté contra la administración pública, ni cometí ningún hecho de corrupción, se me sanciona por haber contribuido al avance de la paz total en Buenaventura, por haber actuado con solidaridad con una población azotada por la violencia”.

Pero para la Procuraduría, la modificación que hizo Pérez Casas, no tuvo ninguna justificación constitucional, legal o reglamentaria, y sí vulneró los principios de igualdad, legalidad y moralidad que deben inspirar la función estatal, e incurrió en faltas disciplinarias que fueron como gravísimas a título de dolo.

“Bajo las anteriores consideraciones, se confirma la tesis de la Sala en el sentido de que, en las motivaciones del fallo primario, en lo que atañe a la atención de los argumentos de defensa, no se advierte que este debiera fundarse en el principio de buena fe y, por lo mismo, la impugnación no está llamada a prosperar”, indicó la Procuraduría en su fallo.

Ese caso contra Luis Guillermo Pérez salió a la luz el año pasado cuando las supuestas arbitrariedades que venía cometiendo en el cargo de superintendente de Subsidio Familiar, según las cuales, desde que llegó a su cargo, empezó una persecución sin tregua contra los funcionarios que venían desde el gobierno pasado en la entidad, a los que calificó de “uribistas”, motivo suficiente para sacarlos.