Procuraduría crea comisión para investigar al menos 420 crímenes de lideresas y líderes sociales

Este martes, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, entregó al presidente Iván Duque un informe completo sobre los avances y la supervisión al cumplimiento del Acuerdo de Paz que se pactó en La Habana con las FARC. Para la Procuraduría, la seguridad sigue siendo el mayor problema para la implementación efectiva de esos compromisos que se asumieron.

El Ministerio Público, según Cabello, ha estado aportando al proceso de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de manera permanente. La jefe del ente de control confirmó que se han creado agencias especiales para intervenir en los procesos judiciales de 420 crímenes contra lideresas y líderes sociales, así como 250 hechos victimizantes contra personas en proceso de reincorporación.

“La Procuraduría continúa asumiendo un compromiso activo y determinante en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, en especial en la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Haremos seguimiento a las 322 recomendaciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación y mantendremos nuestras mesas de trabajo con las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo a nivel nacional”, dijo Cabello en medio del evento.

El informe que entregó la procuradora, de más de 700 páginas, señala en uno de sus apartes que existe una creciente preocupación y son “los homicidios de las personas en proceso de reincorporación, los cuales, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, ascienden a 278, según el informe trimestral con corte a junio de 2021 de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Sigue siendo preocupante la persistencia de afectaciones para la población civil por el uso indiscriminado de artefactos explosivos y minas antipersonales, de enero a julio de 2016 se han registrado 84 víctimas”, se lee en uno de los apartes del documento.

Un tema importante sobre el que Cabello llama la atención, es que el 57 % de los 100 indicadores del Plan Marco de Implementación cuentan con una ficha que permite su medición. La Procuraduría, en todo caso, recomienda acelerar el desarrollo de Planes Retorno, Restitución y Restablecimiento de Derechos Territoriales.

“De 4.606 iniciativas de género en los PDET, el 25,5 % tienen una ruta de implementación activada. También se avanza en la territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos”, dijo Cabello.

Un tema que preocupa a la Procuraduría es la participación política: “Varios puntos presentan retrasos normativos, por lo que se recomienda impulsar desde el Gobierno nacional el debate legislativo que permita avanzar en dichas normas”, explicó la jefe del Ministerio Público.

Sobre este tema específico, el Gobierno ha señalado que en tres años se ha logrado invertir más de $760.000 millones para la seguridad de exguerrilleros de las FARC.

El consejero Presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, entregó cifras puntuales sobre los recursos para la seguridad de excombatientes, las cuales parten desde 2018 hasta el 30 de junio de 2021: $214.702 millones en 2018, $242.102 millones en 2019, $114.899 millones en 2020 y $159.612 millones con corte al 30 de junio de 2021.

Sin embargo, para la vigencia 2022 se tiene en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación la suma de $30.247 millones.