Procuraduría demanda la elección de Merlano y pide ‘silla vacía’

La senadora electa Aida Merlano no pasa por un buen momento: está detenida preventivamente en una celda de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, mientras enfrenta un juicio en la Corte Suprema de Justicia como presunta coautora de varios delitos electorales. Pese a que la parlamentaria conservadora interpuso una acción de tutela, no logró posesionarse el pasado 20 de julio. Pero los problemas de Merlano no se quedan ahí.

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Ante el Consejo de Estado fue radicada una denuncia contra su elección por parte de la Procuraduría General de la Nación, en una acción que busca que pierda su curul. El Ministerio Publico ya había perdido una batalla similar el 18 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) desoyó su pedido de abstenerse de declarar la elección de Merlano pese a las investigaciones en su contra.

La electa congresista está desde el 19 de abril bajo medida de aseguramiento, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, por tres delitos relacionados con un moderno sistema de compra de votos que fue encontrado en la denominada ‘Casa blanca’, vivienda que le servía como sede de campaña en Barranquilla.

En su demanda, el procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes, pidió la nulidad parcial -es decir, en lo ateniente a Merlano- del acto del CNE que declara la elección de senadores de la República para el periodo 2018-2022, así como la resolución que deja en firme la curul de la senadora pese al pedido de la Procuraduría.

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Dicha anulación se solicita, según el escrito, “por existir serias irregularidades en torno a la votación obtenida por dicha candidata fruto de la orquestación de maniobras fraudulentas que significaron alguna clase de coerción contra los electores o violencia contra los votantes, al igual que vulnera la garantía del voto secreto”.

Argumenta, además, que su contravención a la ley (la 1437 de 2011) implica que “los actos de elección son nulos cuando se hubieran utilizado fuentes de financiación de la campaña política para costear fines antidemocráticos o atentatorios del orden público, con lo cual los efectos del acto administrativo cuya nulidad se solicita, resultan nocivos y afectan de manera grave el orden público, político y social”.

El ministerio público adicionalmente solicita que los votos logrados por Merlano sean sacados del cómputo general y que le sea cancelada la respectiva credencial.

En un paso más allá, el procurador Yepes pide que se excluya “para ser llamados a reemplazar a la demandante en la Corporación los integrantes de la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano”, con lo que en la práctica esa colectividad perdería uno de sus 15 escaños en el Senado.

Contra Merlano, cercana a la casa del político costeño Roberto Gerlein, se sigue actualmente un proceso penal por los delitos contra el sufragio, concierto para delinquir, corrupción al sufragante agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y retención de cédulas.

Ello, luego de una diligencia de allanamiento realizado por la Fiscalía a la ‘Casa blanca’ el día de elecciones, el 11 de marzo, sede en donde se incautó una suma cercana a los 261 millones de pesos y se hallaron certificados electorales sin rellenar, así como armas de fuego (algunas con salvoconducto) y chalecos antibalas.

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La Fiscalía señala a la organización encabezada presuntamente por Merlano de haber repartido un total de 6.000 millones de pesos para comprar votos en Barranquilla, Soledad y Malambo, mientras la Policía Económica y Financiera intervino 12 cuentas corrientes en las que presuntamente se habrían manejado los recursos, con el ánimo de establecer su origen.

Ya el 25 de mayo, la Procuraduría había pedido ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura de Merlano, entonces representante la Cámara, y pedía que se le declarara la ‘muerte política’.