Procuraduría denuncia problemas de salud en población desplazada en Tierralta, Córdoba

Sigue la preocupación por el desplazamiento de aproximadamente 4.000 personas desde la vereda Bocas del Manso, en donde miembros del Ejército intimidaron a la población, y áreas cercanas al casco urbano de Tierralta, Córdoba.

Frente a esta situación desde la Procuraduría General de la Nación alertaron sobre la grave situación que se vive en la zona, sobre todo la relacionada con la salud de quienes son víctimas de este desplazamiento masivo.

De acuerdo con la entidad y de manera particular con los integrantes de la comisión que fue enviada a la zona, se tienen brotes de malaria, varicela y alto riesgo de contagio por tuberculosis.

El desplazamiento se está dando, al parecer, por los presuntos hostigamientos por parte de grupos al margen de la ley, por lo que hacen un llamado a las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas urgentes frente a esta situación y de esta manera evitar mayores riesgos para estas comunidades.

De acuerdo a lo revelado por la Procuraduría en la zona se tienen confirmados 32 casos de malaria y otros cuatro de varicela. “También se registran casos de tuberculosis y, según los médicos de las organizaciones humanitarias que presentan servicio en el lugar, se presenta alto riesgo de contagio masivo”, destaca la entidad.

El informe hace ver un panorama más preocupante si se tiene en cuenta que han detectado “difíciles condiciones de salubridad como que el municipio solo cuenta con tres baterías sanitarias para atender las necesidades de toda la población desplazada, hay escasez de agua potable, medicamentos y alimentos”.

Sobre esta situación también emitió una alerta la Defensoría del Pueblo. El titular de esta entidad, Carlos Camargo Assis, le solicitó al Gobierno nacional coordinar acciones interinstitucionales para brindar asistencia a estas familias afectadas. Instó además a las entidades nacionales y departamentales a abordar la situación, ya que el municipio ha superado su capacidad para responder a la crisis.

El Defensor dijo: “Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”.

De acuerdo con la Defensoría, los desplazados afirman que abandonaron sus hogares debido a la falta de cumplimiento de las instituciones estatales con respecto a las denuncias de abusos cometidos por militares contra la comunidad.

Ante ellos, el defensor del Pueblo estableció una mesa de trabajo con representantes de las entidades competentes y voceros de las comunidades desplazadas para abordar la situación y buscar soluciones. Profesionales de la Regional Sur de Córdoba, de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y la Delegada para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la entidad, trabajarán con los representantes de las entidades competentes y los voceros de las comunidades desplazadas (Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1 y Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz y Bocas del Manso) para llegar a acuerdos que permitan superar lo que está sucediendo.

“El riesgo de desplazamiento lo advertimos en días pasados, llamamos la atención de entidades nacionales, departamentales y municipales para evitar que se configurara. Sin embargo, hay un número importante de personas que, asentadas en Bocas del Manso, decidieron dejar sus bienes y enseres a merced de la suerte y emprender el éxodo”, agregó Camargo Assis.

Una de las primeras acciones acordadas es la realización de un censo para determinar el número exacto de desplazados y sus comunidades de origen. Además, se brindará orientación para evitar que personas no desplazadas sean incluidas en las listas.