Procuraduría desmiente logros del Gobierno nacional en Reforma Rural Integral: “Cifras están muy por debajo de las reportadas”

Después de que la Procuraduría General de la Nación solicitara un informe a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para evaluar los avances en las metas de acceso y formalización de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, un reciente comunicado del ente de control ha revelado que los resultados afirmados por el gobierno actual no concuerdan con la realidad, y las cifras presentadas como logros están considerablemente “por debajo” de lo informado.

“La ANT no reporta de manera diferenciada la gestión entre adjudicación y formalización de tierras, de manera tal que se pueda medir el cumplimiento de cada uno de los dos indicadores con metas trazadoras del subpunto 1.1. del Acuerdo de Paz”, aseguró la Procuraduría en el oficio emitido el pasado primero de agosto.

En respuesta al requerimiento del Ministerio Público, la Agencia Nacional de Tierras presentó un informe que ha despertado inquietudes. En lugar de las supuestas 1.184.630 hectáreas formalizadas que se habían declarado, el informe revela que hasta el 31 de julio de 2023, el Gobierno nacional ha adjudicado solamente 269.321 hectáreas.

“La información que se publica debe corresponder con los indicadores establecidos para el seguimiento; en tal sentido, el avance reportado en la entrega de tierras debe tener origen en aquellas derivadas del Fondo de Tierras creado a partir del Acuerdo de Paz y no de los rezagos de trámites iniciados y terminados por la institucionalidad anterior a su existencia”, advirtió la Procuraduría entonces.

Aún más sorprendente es el hecho de que de las hectáreas formalizadas y entregadas, 641.727 corresponden a la gestión de administraciones anteriores, cuestionando aún más la precisión y transparencia de los indicadores proporcionados por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Estos indicadores, según la Agencia Nacional de Tierras, no correspondían ni al período actual ni a los plazos establecidos para su seguimiento. Aspectos clave como el registro de tierras, las adjudicaciones de bienes fiscales y las formalizaciones de propiedades privadas, han sido afectados por esta imprecisión en la presentación de los datos.

La Procuraduría ha anunciado que llevará a cabo una revisión exhaustiva de la información proporcionada y la incorporará en el informe sobre el estado de avance de la implementación del acuerdo de paz que será presentado ante el Congreso de la República. Asimismo, reiteró su compromiso con el seguimiento y control continuos de los próximos informes de la Agencia Nacional de Tierras, en particular con respecto a las metas pendientes de formalización y adjudicación de tierras.

Para la Procuraduría, cuando el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, afirma que, “para nosotros, el indicador es la entrega de los títulos, lo demás es un debate técnico, dejan claro que la ANT no está informando con precisión sobre las gestiones del actual gobierno y en muchos casos se trata de títulos de propiedad reconocidos antes del año 2016″.

De igual manera, el ente de control pidió actualizar las cifras correspondientes a la gestión del año 2023 del Observatorio de Tierras Rurales, en lo que corresponde a títulos entregados a campesinos y a comunidades étnicas; número de hectáreas, cantidad de familias beneficiadas y número de hectáreas ingresadas al fondo de tierras entregadas a través del mismo.

Esta discrepancia entre los datos presentados por el Gobierno y la realidad pone de manifiesto, para el Ministerio Público, la importancia de la transparencia y la precisión en la presentación de los logros y avances en la implementación de los acuerdos de paz, y subraya la necesidad de acciones disciplinarias adecuadas para abordar cualquier deficiencia en la información proporcionada a la ciudadanía.