Nación
Procuraduría destituye e inhabilita al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, durante nueve años por irregularidades en contratación
La decisión fue tomada, esta vez, en fallo de segunda instancia. En las mismas sanciones lo acompañan tres integrantes de su gabinete municipal.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años al actual alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. La decisión se tomó con base en hallazgos contractuales que ponen en tela de juicio su capacidad para administrar recursos públicos.
De acuerdo con el ente de control disciplinario, Muñoz Calderón vulneró los principios de economía, planeación y selección objetiva en diferentes convenios celebrados durante la contingencia por covid-19, en la vigencia de 2020.
Las sanciones también se extendieron durante nueve años para Armando Cabrera Rivera, jefe de la oficina de Gestión del Riesgo; Camila Mercedes Ortega Suárez, secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión, y Giovanny Córdoba Rodríguez, secretario de Educación.
En primer lugar, se verificó la participación del mandatario y del jefe de Gestión del Riesgo en una contratación con el Fondo de Cultura y Turismo del departamento, cuyo objetivo fue realizar “una campaña de cultura ciudadana para la mitigación y prevención de la covid-19″.
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Allí se adquirieron elementos para hacer publicidad bajo la figura de urgencia manifiesta. Sin embargo, estos materiales fueron almacenados “sin que exista evidencia clara de su utilización”, alegó la Procuraduría en un documento conocido por SEMANA.
En otro contrato de 425 millones de pesos se confirmó que el alcalde seleccionó al ejecutor sin un previo análisis y sin tener la idoneidad, capacidad y requisitos mínimos para garantizar el cumplimiento de las actividades solicitadas. Al parecer, este tropiezo administrativo no cobijó, inicialmente, a todos los beneficiarios.
Los líos también llegaron a la Secretaría de la Mujer. A juicio de los investigadores, el mandatario y la titular de esta cartera le metieron la mano a un convenio sin ninguna planeación, nadando en contra de lo estipulado por la norma. Las conclusiones son escandalosas.
Se reveló que ambos funcionarios gestionaron el suministro de alimentos para la población vulnerable de Neiva entre los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Ellos justificaron, adicionaron y aprobaron ítems sin ninguna organización, como guantes, tapabocas y batas por 330 millones de pesos, pero no se entregaron.
La olla de irregularidades también salpicó a la Secretaría de Educación. Tanto el funcionario de esta entidad como el mandatario local escogieron a dedo a un contratista sin que cumpliera la experiencia y capacidad para ejecutarlo.
“De esta manera, el secretario de Educación, en este mismo negocio jurídico, no detalló las características de los alimentos que estarían dentro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del municipio; por tanto, el servidor no realizo estudios técnicos de oferta y mercado para las raciones alimentarias, como el atún, entre otros”, indicó la Procuraduría.
Todas estas fallas fueron calificadas por el ente de control disciplinario como gravísimas a título de culpa gravísima. En consecuencia, el mandatario local estará destituido e inhabilitado por diez años. Aunque él había pedido en marzo una revisión del fallo en segunda instancia porque no respaldó la decisión.
En un comunicado dirigido a la opinión pública hace unos meses, aseguró que su defensa ya interpuso el recurso de apelación para que otro funcionario estudie los argumentos que les hacen contrapeso a los presentados inicialmente. También le envió un mensaje a la ciudadanía:
“La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones”, concluyó.
Frente al material probatorio recopilado por los investigadores, reprochó que no tuvieran en cuenta el contexto y las implicaciones que representó la pandemia para la ejecución de convenios en el marco de la contratación de urgencia manifiesta. Esta lectura será la que se planteará en el otro capítulo del proceso disciplinario que deja mal parada a la Alcaldía de Neiva.
