Córdoba se queda sin gobernador; Edwin Besaile fue inhabilitado por 10 años

Después de 9 meses de interinidad, el departamento de Córdoba se quedó definitivamente sin gobernador. La Procuraduría acaba de sancionar con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos por 10 años a Edwin Besaile, quien había sido suspendido desde enero de su cargo. 

La situación de Edwin Besaile se hizo insostenible por el escándalo de corrupción que llevó a su hermano Musa Besaile a la cárcel y por las declaraciones que en su contra viene dando a la justicia Alejandro Lyons, también exgobernador. Este último está en Estados Unidos en un proceso de colaboración con la justicia y a su regreso a Colombia deberá pagar una pena de 5 años y 7 meses de prisión. Lyons también acaba de ser cobijado con la misma sanción disciplinaria; también los exsecretarios de Salud Edwin Preciado Lordy y José Jaime Pareja Alemán fueron encontrados responsables de faltas gravísimas por lo que quedarán por fuera de cualquier cargo público durante 11 años. 

Puede leer: Los líos que persiguen al gobernador de Córdoba

El caso por que el finalmente Besaile pierde la gobernación tiene relación con los pagos irregulares de terapias a menores de edad en condición de discapacidad. El Ministerio Público les reprocha que como mandantarios regionales no hubieran ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus secretarios de Salud. Esto permitió que se ordenaran pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad entre diciembre de 2014 y agosto de 2015. Lo que cuestiona la Procuraduría es que se hubieran desembolsado recursos por $4.988 millones sin que mediara relación contractual entre la gobernación y Funtierra Rehabilitación IPS, a cargo de los tratamientos.

En cuanto a los exsecretarios de Salud, el Ministerio Público cuestiona que ordenaran el pago de los servicios de salud a través de ocho resoluciones. "Los disciplinados explicaron que los pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. No obstante, el órgano de control advirtió que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio y en ningún momento se dispuso omitir la celebración de un contrato", precisó la Procuraduría.

Le recomendamos: Edwin Besaile, un gobernador en picada

Según decisiones del Consejo de Estado, no se puede ordenar el pago de servicios que se hubieren ejecutado sin la previa celebración de un contrato, salvo que exista una amenaza o lesión inminente que pueda representar un perjuicio irremediable para la salud de las personas, eventualidad que admite ejecutar actividades sin contrato. Pero este no es el caso. 

Esta decisión es de primera instancia y permite apelación. Entre tanto, la Procuraduría compulsó copias a la Corte Constitucional y a la Contraloría.

Desde enero, fue normada como gobernadora encargada Sandra Devia. Como esta sanción de la Procuraduría se confirma faltando 15 meses para que llegue un reemplazo a este cargo en el departamento, no se podrán convocar elecciones atípicas; esto implica que la continuidad de Devia o la elección temporal de un nuevo mandatario regional depende del presidente Iván Duque. 

Puede leer: El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, afrontará su juicio en libertad

Penalmente, Edwin Besaile responde por los delitos de peculado y concierto para delinquir por el que se considera un coletazo del cartel de la hemofilia. El caso está relacionado con el pago de 1.500 millones de pesos que en 2016 se hizo desde la Gobernación para la atención de 16 falsos pacientes de hemofilia. Por años, los recursos de la salud del departamento se convirtieron en una vena rota por cuenta de toda una estructura delincuencial a través de la cual se giraron millones a falsos pacientes de hemofilia. La tesis de las autoridades es que este cartel comenzó con la llegada de Alejandro Lyons en la Gobernación pero continuó cuando lo reemplazó Besaile en el cargo. Según la defensa de Besaile, este dinero se pagó a una factura atrasada y que fue expedida el 6 de febrero de 2015, es decir, casi 11 meses antes de llegar al cargo. 

En su contra hay otros señalamientos, principalmente, de su antecesor Alejandro Lyons. Desde Estados Unidos, ha dicho que con Musa Besaile existía un pacto para entregarle la mitad de los recursos que salieran de la corrupción del departamento. En sus declaraciones a la justicia ha manifestado que le entregó 600 millones de pesos para Musa Besaile y 2.100 millones para la campaña del gobernador que lo reemplazó: Edwin Besaile. “A Musa Besaile le entregaron 600 millones, 400 de los cuales tenía en su casa y 200 que le llevó Sami Spath, persona de confianza que él tenía para transportar dinero en efectivo, con quien procedió a empacar la plata en una tula o bolso”, dijo en sus declaraciones a las autoridades colombianas.