Procuraduría enciende las alarmas por irregularidades en licitación del Ipse: pide la “suspensión” para estudiar las alertas

Luego de que SEMANA reveló múltiples denuncias ciudadanas sobre presunta corrupción en el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse), se conoce la primera advertencia por parte de un organismo de control sobre lo que podrían ser irregularidades en una millonaria licitación.

Se trata de un proceso de contratación para “realizar la construcción e implementación de proyectos energéticos sostenibles de ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica para comunidades en la zona rural dispersa del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira”.

El contrato tiene un precio estimado total de 52.661 millones de pesos por menos de un año de contrato y tiene como objetivo garantizar el suministro de energía eléctrica a través de “unidades fotovoltáicas de generación grupales e individuales”.

Esto se realizará de acuerdo a las necesidades de nuevos usuarios en los corregimientos ubicados en la zona rural del municipio de Manaure, entre ellos varias comunidades indígenas. En total, esperan impactar a cerca de 1.334 personas en el territorio.

“En la actualidad, los usuarios propuestos e identificados en el proyecto estructurado no cuentan con servicio de energía eléctrica. Dado lo anterior, el Ipse estableció la necesidad del desarrollo e implementación de 268 soluciones energéticas con fuentes renovables en las comunidades rurales”, expone el proyecto de pliego de condiciones.

El proceso, que ya tiene múltiples proponentes concursando para quedarse con la instalación de las soluciones energéticas, llamó la atención de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

SEMANA conoció la advertencia sobre riesgos y recomendaciones que emitió Mario Melgosa Torrado, procurador delegado, sobre la licitación, que entra en vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.

En el documento, de diez páginas y radicado en el Ipse el pasado 27 de mayo, anuncian que la Procuraduría “ha decidido iniciar vigilancia preventiva en escenario de mitigación de riesgos sobre el proceso de contratación”.

La primera inquietud que manifiesta la Procuraduría es que no se ha mencionado dentro del proceso que se hizo la consulta previa a las 59 comunidades que impactará el proyecto energético.

En el proyecto de pliego se anuncia la consulta previa dentro del primer anexo, pero está el documento que exponga qué se ha realizado en la materia.

El segundo reparo del Ministerio Público es el indicador de capital de trabajo, que es la inversión de dinero que hace la empresa para realizar una tarea. En ese caso, se midió frente al porcentaje del valor del posible contrato.

La exigencia es una cifra mayor o igual al 60 % del valor del presupuesto oficial, que para la Procuraduría “posiblemente impide una pluralidad de oferentes dentro del proceso”.

Citan a un interesado en el contrato, quien dice que existe una inconsistencia en el análisis del sector, donde aseguran que existen 66 empresas con capital de trabajo entre -1.304.109 y 28.364.000 tomadas en cuenta para diseñar el proyecto de pliego de condiciones.

No solo crean un universo de posibles oferentes más grande del requerimiento, sino que ninguno de ellos logra tener una cifra mayor o igual al 60 % de lo que cuesta el contrato.

“Incluso ninguna de esas grandes empresas seleccionas caprichosamente logra llegar a ese 60 % de capital de trabajo requerido. Esto ha causado un daño grave a la transparencia y economía del proyecto porque quedó limitado a un pequeño número de participantes. En resumen, para establecer el capital de trabajo en términos de un porcentaje del valor total del contrato, se toman datos de una muestra espuria, se juega con ellos y se obtiene un valor porcentual extraño a los análisis que lo preceden”, indica el oferente.

Y agregó que el estudio del sector tiene “falsedades” y “vulneración de los principios de equidad, transparencia y economía”.

“Anomalías que son más que suficientes para solicitar respetuosamente a la Administración que de inmediato revoque o anule todo el proceso”, pidió el interesado en el contrato.

La Procuraduría concluyó que el Ipse no respondió de fondo al requerimiento y tampoco pudo explicar el salto a pedir el 60 % o más de capital de trabajo para la empresa elegida.

En los estudios y diseños, el procurador delegado detectó que no existen “estudios y diseños soportes de la obra o las obras a realizar”. Esto va en contra de la Ley 1474 de 2011, la cual busca fortalecer los mecanismos contra la corrupción en la función pública, y la Ley 80 de 1993, que regula la contratación estatal.

“Así las cosas, es indispensable para el Ministerio Público determinar que previa a la apertura del correspondiente proceso de selección, se contaba con la maduración suficiente del proyecto en su etapa precontractual en aras de garantizar la correspondiente eficiencia de los recursos públicos a invertir de parte de la entidad”, cuestionó la Procuraduría.

Por último, el Ministerio Público cuestionó los criterios de calificación del pliego de condiciones, dado que no se le da la importancia necesaria a la experiencia de una empresa para llevar a cabo las funciones. De 100 puntos, solo 14.5 se otorgan por ese requisito, en cambio 60 solo corresponden al factor económico.

De acuerdo a la Ley 1150 de 2007, en los procesos de selección que tienen en cuenta factores técnicos y económicos deben prevalecer quienes sean superiores en calidad y precio soportado en puntaje, o quienes representen la mejor relación costo-beneficio.

“De lo anterior, este despacho no logra determinar de qué manera el factor de experiencia solicitado dentro del proceso se compadece con las alternativas dispuestas en el artículo″, dice el procurador delegado.

Por esta razón, el Ministerio Público requiere información en cada una de sus inquietudes y sugiere suspender el proceso de selección, “hasta tanto la entidad no realice un estudio detallado de las alertas y elementos reseñados en el presente documento”. Además, piden colgar la advertencia en el Secop.

SEMANA revisó el proceso contractual en Secop II y no cuenta con el documento de la Procuraduría, como tampoco tiene información clara sobre la etapa en la que se encuentra.

De acuerdo con el cronograma visible en la plataforma, la adjudicación se iba a llevar a cabo el 31 de mayo, pero la entidad le respondió a este medio que aún no se había llevado a cabo el proceso por una modificación en los tiempos.