Procuraduría entuteló a JEP por no priorizar macrocaso de violencia sexual: “espera para la apertura constituye perjuicio para víctimas”

La Procuraduría General de la Nación presentó una tutela en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para exigir la efectiva priorización del macrocaso 11, que investigará los casos de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes basados en prejuicio, odio y discriminación de género, sexo, identidad y orientación sexual diversa en el contexto del conflicto armado.

La procuradora general, Margarita Cabello, ha insistido en esta priorización desde el inicio de su gestión, ante la persistente vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad y al acceso a la justicia.

En el escrito presentado, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, ha señalado que el desarrollo judicial llevado a cabo por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de Hechos y Conductas (SVRV) no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción de acuerdo con los mandatos diferenciales que la rigen.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia”. Por lo tanto, la Procuraduría considera que la priorización de la apertura del macrocaso debe llevarse a cabo de manera inmediata.

Además, en consonancia con lo manifestado por la Corte Constitucional, “no priorizar el macrocaso 11 refuerza los patrones de discriminación y violencia, al enviarse un mensaje a la sociedad y a los agresores en el sentido de que la violencia contra las mujeres es tolerada”, asegura el Ministerio Público.

Para la Procuraduría General, la prolongada espera en la apertura de este macrocaso representa “un grave perjuicio para las víctimas”, ya que “no se garantiza el acceso oportuno a la justicia, ni el plazo razonable en el trámite de las investigaciones sobre graves infracciones a los Derechos Humanos y al DIH”.

La Procuraduría advirtió que “cada día que transcurre sin que la SRVR adopte una decisión sobre la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, implica la violación de los derechos de las víctimas, pues, en el mejor de los escenarios, si se prioriza un macrocaso frente a estos hechos, la Sala tendría menos de los cinco años que se han establecido como lapso para cumplir con sus labores de instrucción frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. Esta cuestión, sin duda, vulnera de manera flagrante el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Y es que, precisamente, durante su viaje a Estados Unidos, Cabello pidió apoyo de ONU Mujeres para apertura del macrocaso 11. La directora regional de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, mostró su apoyo a esta petición y compartió la importancia de garantizar la verdad y el restablecimiento de los derechos de las víctimas como parte esencial en la construcción de la paz en Colombia.

“La idea es que ellos, que ONU Mujeres, se apropie de la apertura del macrocaso número 11, un macrocaso que tiene que ver con la investigación en Colombia sobre la problemática de violencia de la mujer en el conflicto armado. Muy buena reunión, estuvimos mirando cómo manejan la justicia tribal, es la justicia con etnias y con los indígenas”, destacó la procuradora Cabello del encuentro.

Hasta el momento, la JEP no se ha pronunciado frente a la tutela interpuesta por la Procuraduría General; sin embargo, no se descarta que lo haga en los próximos días.