Procuraduría estableció que sí hubo relación entre batallón del Ejército BIVAR y el extinto Bloque Centauros de las AUC

La Procuraduría General presentó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) sus conclusiones sobre las versiones voluntarias rendidas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de los comparecientes que integraron, entre 1997 y 2007, el Batallón Pantano de Vargas (BIVAR) con sede en Villavicencio, Meta.

Tras analizar los testimonios, que hacen parte del macrocaso 003 del tribunal, el Ministerio Público concluyó que “quedaron expuestas con suficiencia las relaciones entre esa unidad militar y el Bloque Centauros de las Autodefensas, y también que se revelaron dos patrones criminales que enmarcaron la ocurrencia de múltiples asesinatos extrajudiciales presentados como bajas en combate”.

Las relaciones entre el BIVAR y el Bloque Centauros, de acuerdo con la Procuraduría General, comenzaron en el año 1998, cuando la comandancia de la unidad militar estaba en manos del teniente coronel Miguel Ernesto Pérez. En ese momento, al BIVAR llegó alias Zeus, “quien hizo las veces de enlace y facilitó la expansión territorial de las AUC en el departamento”.

El procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal aseguró que los nexos se extendieron a la comandancia de Jhon Carlos Vigoya Arango, entre 1999 y 2001 y, posteriormente, a la llegada de Héctor Alejandro Cabuya de León (2001–2003).

“Esta alianza, liderada y controlada por Cabuya de León, dio lugar a la muerte de múltiples víctimas que, por ejemplo, buscaban empleo y fueron engañadas con ofertas de trabajo o resultaron incorporadas al grupo ilegal, exponiéndolas por unos días como integrantes de las AUC, previo a su muerte, entre otros”, aseguró el Ministerio Público en sus conclusiones.

Para ahondar en los hechos ocurridos entre 1997 y 2007, el procurador Acosta realizó varias solicitudes, entre ellas, dar a conocer al despacho relator del macrocaso 8 los hechos asociados con las operaciones realizadas de manera conjunta entre el BIVAR y los Centauros. De igual forma, citar a declarar a miembros de la Policía que efectuaron actividades de levantamiento de cadáveres “con el fin de establecer su participación o aporte al encubrimiento de ejecuciones extrajudiciales”.

Además, recomendó esclarecer la identidad de personas que aún se encuentran sin identificar en los cementerios de Granada y Fuente de Oro, en Meta. Así como remitir al macrocaso 6 todo lo correspondiente a la muerte del activista Luis Enrique Ospina Ayala, miembro de la Unión Patriótica, que fue perpetrada en el municipio de Lejanías, Meta, y que fue reconocida por alias Zeus.

JEP exhuma cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada

Tras adoptar medidas cautelares en diferentes zonas de Colombia, la Justica Especial para la Paz adelanta la exhumación de cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada en los departamentos de Sucre, Risaralda y Quindío.

En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, en Risaralda, la Fiscalía General exhumó cuatro cuerpos. En este camposanto, se presume, hay al menos 553 cuerpos inhumados que no han sido identificados y que, de acuerdo con la JEP, “llegaron por el río Cauca desde 1982, incluidas víctimas de la masacre de Trujillo, Valle. La JEP caracterizó el cementerio y señaló la existencia de 170 puntos de interés forense”.

En el cementerio de El Carmelo, en Salento, Quindío, las labores que se adelantan corren por cuenta de la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal especial.

En cementerio del municipio de Sucre, en Sucre, no ha sido posible avanzar con la demarcación del terreno por las condiciones de inundación presentes en el terreno.

Para garantizar la protección de los cuerpos de personas no fueron identificadas, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado le solicitó a la JEP adoptar medidas cautelares en varias regiones del país para la protección de los cadáveres.