Procuraduría exige al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, medidas para garantizar servicios de las EPS ante alerta financiera

La Procuraduría General de la Nación pidió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, tomar “medidas técnicas y financieras” para asegurar la prestación de servicios de salud en Colombia y evitar un colapso en el sistema de aseguramiento en salud.

El Ministerio Público está llevando a cabo un seguimiento constante a las razones técnicas y financieras que han llevado al déficit y desfinanciamiento de las entidades del sector salud. Esto, para el organismo de control, representa un riesgo significativo para el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.

En respuesta a esta situación, la Procuraduría ha instado al Gobierno nacional a abordar de manera efectiva la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos destinados a garantizar un acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud.

Asimismo, requirió al Ministerio de Salud para que revise el monto de los recursos asignados para el acceso al Plan de Beneficios en Salud (PBS), teniendo en cuenta factores como la inflación, la incorporación de nuevas tecnologías, los cambios demográficos, el aumento en la demanda de servicios, la distribución desigual de las cargas de enfermedades y la siniestralidad, entre otros.

La Procuraduría también alertó sobre las denuncias de pago inoportuno y la deuda que el Ministerio de Salud mantiene con las aseguradoras (EPS) por servicios de salud no financiados por la UPC.

En este contexto, la delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ha solicitado en varias ocasiones una revisión exhaustiva de la metodología utilizada para determinar la UPC, así como de los procesos administrativos y de pago de servicios de salud no contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

De igual forma, la Procuraduría anunció el inicio de acciones disciplinarias con el objetivo de investigar posibles conductas u omisiones que puedan afectar la sostenibilidad y el adecuado flujo de recursos en el sector de la salud.

Procuraduría exigió al minSalud claridad sobre pagos a EPS

El pasado 6 de septiembre, la Procuraduría General realizó una solicitud al ministro de Salud en busca de mayor “transparencia y claridad” en la remisión de información relacionada con el pago de los presupuestos máximos a las EPS para la vigencia 2021.

El Ministerio Público, en su labor de supervisar el flujo de recursos en el sistema de salud, también requirió al alto funcionario detalles sobre los pagos de los presupuestos máximos correspondientes al segundo semestre de 2023, así como los ajustes pendientes para los años 2022 y 2023.

Hasta esa fecha, de acuerdo con la Procuraduría, las EPS no habían recibido los pagos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, lo cual contraviene las obligaciones legales que estipulan que estos giros deben ser realizados con anticipación y de acuerdo con los plazos establecidos por la ley.

Además, la Procuraduría señaló la obligación legal de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud de reunirse ordinariamente al menos cuatro veces al año, de acuerdo con la Resolución 4363 de 2012, con el propósito de aprobar la cancelación de los recursos. Sin embargo, durante el año 2023, esta Comisión solo se ha reunido en una ocasión, lo que ha generado preocupación en la Procuraduría respecto al cumplimiento de esta importante labor, según el órgano de control.

En otro aspecto, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social solicitó al ministro Jaramillo el cronograma y los temas abordados en las mesas técnicas llevadas a cabo con las EPS Compensar, Sura y Sanitas, con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo y control adecuado sobre estas reuniones.

Finalmente, la Procuraduría reiteró su llamado al Ministerio de Salud para que tome las medidas necesarias que permitan a las entidades promotoras, tanto del régimen contributivo como subsidiado, garantizar la prestación de servicios a más de 50 millones de colombianos.