Procuraduría formula pliego de cargos a Juan Pablo Bieri por afectación a la libertad de expresión

Juan Pablo Bieri estuvo en boca de todo el país a principios de 2019 cuando se conoció un audio de su conversación con Diana Díaz, subalterna suya y para entonces directora de Señal Colombia, en donde le ordenaba afectar negativamente una producción televisiva en la que Santiago Rivas era su presentador. Los motivos detrás de la orden eran las posiciones críticas que Rivas había tomado respecto a un proyecto de ley que el Gobierno tramitaba durante esos meses ante el Congreso.

La avalancha de críticas a Bieri no se hizo esperar y lo llevó a renunciar a su cargo como gerente de RTVC. Más tarde, él denunciaría a Díaz, quien admitió a la Procuraduría que fue la responsable de grabar a Bieri, por utilizar un asunto que supuestamente estaba sometido a reserva. Actualmente, hay una imputación de cargos a Díaz programada por la Fiscalía para la segunda semana de noviembre aunque el fiscal general Francisco Barbosa ya anunció que un comité técnico evaluará la viabilidad del caso.

La actitud revanchista del exgerente —cuyas acusaciones penales a Díaz no tienen mayor sustento jurídico— parece haber captado la atención de otros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación. En un comunicado de prensa, el ministerio público anunció que formulará cargos a Bieri “por presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, censura, y posible violación a los derechos de libertad de expresión y opinión”.

“En el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante una tertulia entre cuatro individuos particulares, o incluso funcionarios, dentro de su ámbito privado, sino por el contrario, ante una reunión adelantada dentro del ámbito estrictamente laboral entre cuatro servidores públicos en ejercicio de sus cargos (...) y por lo tanto, la grabación de audio de lo ocurrido en ella por parte de uno de sus participantes no vulnera el derecho a la intimidad de ninguno de quienes hicieron parte de la misma” afirmó la Procuraduría. La opinión de la entidad, al igual que la de varios abogados que se refirieron al caso, es que el asunto que se discutió entre Bieri y Díaz no estaba sometido a ningún tipo de reserva —lo que iría en contra de la tesis en la que el exgerente fundamenta su denuncia— y, por el contrario, sí encarna una amenaza a ciertos derechos fundamentales y valores democráticos reconocidos por la legislación colombiana.

Tres son los cargos que se le formulan a Bieri por su conducta. El primero es la extralimitación en el ejercicio de sus funciones que quedó en evidencia cuando dictó las medidas a seguir para que Rivas no apareciera más en Señal Colombia. El segundo se basa en el aparente abuso de poder que se configuró cuando el exgerente emitió esta orden y el último consiste en la censura que tuvo lugar y que violentó los derechos a la libertad de opinión y expresión. La Procuraduría resaltó que el exgerente pudo haber tomado otro tipo de decisiones frente a la situación de Rivas en vez de ir en contra de las normas constitucionales.

Por último, se ordenó trasladar copias del expediente a la Fiscalía para que adelante las acciones penales que procedan respecto de la conducta en cuestión. Este último aspecto es bastante particular ya que el ente acusador actualmente adelanta un proceso contra Díaz y, por exactamente los mismos hechos, podría iniciar una investigación contra Bieri.