Control
Procuraduría formula pliego de cargos contra exservidores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por irregularidades contractuales
Los exfuncionarios habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces vicepresidenta administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Ingrid Yaneth Mejía Chaparro (2017-2018), por posibles irregularidades en el pago de varios contratos de prestación de servicios.
De igual forma, la decisión también cobijó a los entonces vicepresidentes técnicos de la ANH Carlos José Rodríguez Taborda (2018-2020) y Ómar Alonso Mejía Tette (2017-2018). También para el vicepresidente de Operaciones Regalías y Participaciones de la época de la Vicepresidencia, Arnoldo Morales Delgado (2017-2018).
Los cuatro exservidores de la ANH, al parecer, habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad.
Los cuatro exservidores de la ANH, al parecer, habrían firmado varios contratos de prestación de servicios en los que se pagaron valores diferentes a los establecidos en la tabla de nómina de la entidad.
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“A juicio de la Procuraduría, estos contratos se habrían pactado de manera discrecional desatendiendo (…) la tabla salarial debidamente definida por la entidad que le establecía los valores, por lo que estos no podían ser determinados de manera caprichosa”, indicó el organismo de control.
En total, se habrían celebrado 38 contratos, en 21 de los cuales se habrían pactado montos superiores a los fijados en la Tabla de Perfiles y Honorarios de los bilaterales de prestación de servicios profesionales, “en detrimento del patrimonio estatal”, y otros 17 estarían por debajo de lo estipulado en el señalado documento, “afectando al contratista”.
Exvicepresidente de la ANH deberá pagar millonaria multa
Por irregularidades para verificar la viabilidad técnica de la perforación del pozo conocido como Las Lauras, de las cuencas en San Jacinto, Bolívar, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $ 83.810.436 millones al exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) José William Garzón Solís.
El Ministerio Público, tras la investigación del caso, “confirmó que el exservidor público, en su deber como ordenador del gasto, vulneró los principios de contratación estatal, especialmente el de responsabilidad”.
Pero, ¿qué quiere decir esto? Según explicó el organismo de control, Garzón Solís “no exigió que se adelantaran los estudios previos geológicos que buscaban especificar las coordenadas de los pozos y la viabilidad de las perforaciones, con el objeto de una optimización de tiempo, recursos y una mayor consecución de hidrocarburos en la zona”.
La Procuraduría General, en fallo de primera instancia, determinó que el exvicepresidente de la ANH “transgredió también el principio de economía cuando omitió una adecuada planeación y gestión de los recursos financieros orientados para el proyecto”. De igual forma, estableció que el entonces funcionario incumplió con sus deberes funcionales al desconocer “las disposiciones sobre la maduración de los proyectos para determinar las coordenadas de los pozos requeridos”.
La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la falta como gravísima, a título de culpa grave.
Formulan cargos contra alcalde y exalcalde de Piedras, Tolima
Entretanto, para la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Piedras, Tolima, Julio César Góngora Sánchez (2020-2023) y el exalcalde Pedro Antonio Bocanegra Zabala (2016-2019), “habría incumplido los compromisos adquiridos con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ni tampoco se ha tramitado la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)”.
De acuerdo con el Ministerio Público, lo anterior habría permitido que se realizaran vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas, sin la debida autorización, y con presunta afectación al medio ambiente.
“Resulta injustificada la supuesta falta de atención de la administración municipal, en cabeza de los disciplinables, quienes habrían omitido desplegar acciones tendientes a superar las dificultades surgidas por el vertimiento de las aguas, situación que inició desde el periodo 2016-2019 con Bocanegra Zabala, y hasta el día de hoy no se ha superado”, señaló la Procuraduría frente al caso.
Por tal motivo, el órgano de control determinó formular cargos contra Góngora Sánchez y Bocanegra Zabala, quienes, en calidad de sujetos procesales, tendrán la oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido, así como de solicitar o aportar pruebas que ellos o sus apoderados consideren pertinentes para su defensa.
“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente las faltas de los implicados como graves a título de culpa gravísima”, señaló la entidad en un comunicado.
Una vez surtida la etapa de instrucción, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué recibirá el expediente a reparto para dar continuidad con el trámite procesal que le compete.
